Una veintena de organizaciones impulsoras de la campaña #DespuésDeAplaudir, entre las que se encuentran la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFyC), Médicos del Mundo, Salud por Derecho y la Federación de Asociaciones Defensa Sanidad Pública (FDASP), además de los principales sindicatos y plataformas de defensa de la sanidad pública, han solicitado en el Congreso de los Diputados un “mayor compromiso para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud”.
En concreto, han reclamado el “incremento de 1.000 euros por persona al año con visión finalista de la partida presupuestaria destinada a Sanidad”. Esto supone elevar el presupuesto sanitario del Sistema Nacional de Salud en 47.000 millones de euros, y acercarlo a los 123.000 millones, lo que supondría más del 10% del Producto Interior Bruto.
Las organizaciones firmantes, ante la votación de las conclusiones definitivas de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, “consideran insuficiente el texto preliminar en materias como financiación o política farmacéutica y recomiendan la inclusión de medidas específicas que refuercen y blinden la sanidad pública, que durante tantos años ha sido referente a nivel internacional”.
Según estas entidades que piden nada menos que un incremento de más del 60% del gasto sanitario público actual, la covid-19 “ha evidenciado cómo las políticas de recortes en materia sanitaria de la última década han debilitado nuestro sistema sanitario, poniendo en riesgo la salud y la vida de la población en su conjunto, y de manera especial la de las y los profesionales del ámbito sanitario”.
En este sentido, las organizaciones impulsoras de MásSanidad, vieron en el trabajo de la Comisión para la reconstrucción social y económica “una oportunidad para revertir esas políticas fallidas y construir un nuevo consenso en torno a un modelo fortalecido de Sanidad Pública y Universal”. Sin embargo, “el dictamen preliminar que se vota hoy en el Pleno, no solo no ha conseguido un apoyo amplio, sino que también evidencia importantes carencias en materias clave”, explican.
Estas asociaciones consideran “un error” vincular el aumento del presupuesto sanitario al PIB. Consideran que sería más apropiado “un criterio basado en euros, por persona y año, estableciendo como objetivo situarnos en el promedio de la UE a final de legislatura. En números absolutos, este aumento se traduce en 1000 euros por persona/año respecto al gasto actual”. Además, reclaman “asignar un porcentaje del presupuesto en salud a áreas infradotadas”. En concreto, cifran dedicar un 25% del presupuesto público a Atención Primaria; un 2,5%, a Salud Pública; y un 2%, a investigación en salud. “Tres áreas que han resultado esenciales en la actual pandemia”, señalan. En este sentido, consideran que el fondo de reconstrucción debería priorizar la contratación de personal de Atención Primaria y aumentar la creación de camas de media y larga estancia en centros de gestión pública. Además, abogan por la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública técnica, “independiente y orientada al ámbito de la protección y de la acción”.
Contra la industria y la sanidad privada
Como viene siendo habitual en las reclamaciones de estas entidades, también ponen el ojo en la industria farmacéutica. A este respecto, señalan que “la Comisión de Reconstrucción ha perdido la oportunidad de profundizar en muchos cambios que son urgentes si se quiere asegurar el acceso y la asequibilidad de medicamentos y tecnologías sanitarias”. Según ellos, se echa en falta “poner en marcha la necesaria reforma de los procesos de fijación de los precios de los medicamentos, especialmente en aquellos más novedosos y caros”; así como “medidas que contengan el aumento del gasto farmacéutico, especialmente el hospitalario”, así como “propuestas concretas para impulsar la producción pública de fármacos y tecnologías sanitarias más allá de las terapias avanzadas”.
Igualmente, las plataformas y asociaciones firmantes, tampoco olvidan atacar a la sanidad privada y los modelos alternativos de gestión a la estrictamente pública. Según ellos, la “descapitalización del sector público no solo es consecuencia de los recortes presupuestarios de la última década, sino también por la apuesta por modelos privatizadores que derivan una importante parte de los escasos recursos hacia el sector privado”. Por ello, solicitan que “se garantice la finalización de las privatizaciones de centros y servicios sanitarios, y se establezcan sistemas que garanticen la evaluación de los procesos privatizadores” así como “el estricto control del cumplimiento de los contratos y concesiones” y el establecimiento de “una legislación que favorezca la recuperación de lo privatizado y un calendario para llevarla a cabo”.
