El Defensor del Pueblo reconoce quejas habituales por problemas para acceder a medicamentos

El Defensor del Pueblo ha publicado su Informe de Gestión 2018, que incluye un apartado específico dedicado a las actuaciones relacionadas con la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Éstas han estado centradas principalmente, según la institución representada por Francisco Fernández Marugán, en las dificultades para hacer frente al copago farmacéutico; los problemas para el acceso a medicamentos autorizados, y las situaciones de desabastecimiento o interrupciones del suministro.

En relación con el copago, el Defensor del Pueblo dice seguir recibiendo "quejas de ciudadanos que se ven
perjudicados por la actual legislación en materia de aportación a la financiación de la prestación farmacéutica". La institución volvió a plantear recomendaciones al Gobierno a finales de 2017, consistente en una modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio que sirviera "para determinar la competencia y el procedimiento para resolver las solicitudes y reclamaciones de los ciudadanos en materia de aportación farmacéutica; ajustar el procedimiento para asignar a cada usuario el tipo de aportación a su verdadero y actual nivel de ingresos; revisar los tramos de renta establecidos para asignar un tipo de copago; incorporar a los colectivos exentos de aportación farmacéutica, al menos, a las personas con discapacidad no exentas por otros supuestos, y a personas con ingresos económicos de cualquier naturaleza que no superen un umbral mínimo a determinar en función de los indicadores de riesgo de pobreza; e incluir el beneficio de exención en el copago, cuando no esté prevista por otra causa, o la aplicación de un porcentaje mínimo, al grupo de pacientes con enfermedades crónicas severas, con especial referencia a los menores de edad, incluidas las enfermedades raras o poco frecuentes, las enfermedades degenerativas y las patologías oncológicas". Además, solicitaba "una cláusula" que permita la apreciación por la Administración "de otras circunstancias excepcionales que merezcan el reconocimiento individualizado del beneficio de exención".

Señalan que la propuesta fue rechazada por el Ministerio de Sanidad cuando aún gobernaba el PP, aunque "dejaba  entreabierta la posibilidad de estudiar la aprobación de nuevos tramos de renta para determinar el tipo de copago y
hasta la exención para un determinado nivel de ingresos mínimos, y se anunciaba el encargo de un estudio para evaluar el impacto del modelo de copago, para los pacientes y para los objetivos de contención de gasto
farmacéutico", que también había sido objeto de una Recomendación institucional, apuntan. Con el cambio de titularidad en el Ministerio, y con la propuesta de la eliminación del copago para pensionistas con rentas contributivas con cónyuge a cargo o por viudedad e integrantes de familias con una renta anual por unidad de consumo inferior a 9.000 euros, con cargas familiares, el Defensor del Pueblo daba "por aceptada, aunque solo parcialmente, la
Recomendación formulada". Señalan, a este respecto, que la redacción del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, recogía la modificación anunciada por el Gobierno del artículo 102 del texto refundido
de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, pero que la redacción final "no coincidía con la información facilitada previamente por el Ministerio, restringiendo el alcance de la modificación propuesta y, en consecuencia, el seguimiento de los aspectos que han sido reiteradamente objeto de Recomendación por parte del Defensor del Pueblo".

En vistas de que el proyecto de presupuestos ha sido rechazado y se han convocado elecciones generales, la institución promete "retomar las actuaciones desarrolladas".

En relación con el acceso a los medicamentos, la institución reconoce que son frecuentes las reclamaciones que recibe "por lo que consideran una injustificada denegación de acceso a determinados medicamentos o tratamientos farmacológicos con cargo al sistema público sanitario". En muchos casos, explican, "se trata de tratamientos indicados por los facultativos especialistas que atienden a un determinado paciente, cuya dispensación es denegada por la opinión o dictamen de la correspondiente comisión evaluadora responsable de coordinar el uso racional de los
medicamentos". También son frecuentes, añaden, "las quejas relacionadas con las denegaciones de visado
de dispensación, a cargo de los servicios de inspección sanitaria".

La institución reconoce que su margen de actuación en todos estos supuestos es "muy limitado", en tanto que "pueden ser expresivos de un debate clínico y científico ajeno a la labor encomendada al Defensor del Pueblo". Es habitual, no obstante, que realice alguna actuación ante la Administración cuando aprecia "bastantes indicios de haberse podido producir un error, o bien se halla la opinión facultativa especialmente reforzada de acuerdo con los
informes clínicos facilitados por los afectados", y no es infrecuente, aseguran, "que decisión inicial sea revertida".

El caso de los anticoagulantes orales

El Defensor del Pueblo alude, concretamente, a la conclusión de un expediente relativo a la Recomendación formulada al entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en relación con la posibilidad de revisar la decisión de no financiación de la indicación de tratamiento de la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar autorizada para el grupo de medicamentos anticoagulantes orales directos (ACOD) en casos en que la experiencia clínica y el criterio de los facultativos especialistas aconsejan instaurar dicho tratamiento en determinados pacientes  por la reducción de riesgos asociados en comparación con la anticoagulación de primera línea con antagonistas de la vitamina K. El ministerio reiteró su posición, basada, comentan, en que la relación de coste/efectividad era muy desfavorable, presumiendo un impacto presupuestario muy alto por el desplazamiento total de pacientes anticoagulados a los fármacos orales directos. "Esta institución no comparte que no puedan concretarse excepciones de financiación para determinadas situaciones", concluyen, señalando que la alternativa es que los pacientes que los necesitan se los paguen de su bolsillo, enfrentándose, aquellos con menos recursos, "a un dilema práctico que el
sistema público de salud debiera tener ya solventado".

Destacan la recepción, también, de varias quejas referidas a problemas de suministro de medicamentos, como la adrenalina autoinyectable o Tiadipona. En el primer caso, la Aemps habría respondido solicitando al fabricante un aumento de la producción, pero, en el segundo, el titular de la autorización de comercialización solicitó su suspensión. La institución recoge la preocupación de los pacientes afectados, que seguían el tratamiento desde hace varios años, "por los efectos que les producen las alternativas farmacológicas, cuyo principio activo es diferente".

Sustitución de biológicos por biosimilares

En relación con esto, se refiere, también, a casos relacionados con la sustitución de medicamentos originales biológicos por biosimilares por parte de los servicios de Farmacia de los centros hospitalarios. "Desde hace un tiempo se encuentra planteado un debate entre profesionales sobre esta cuestión, en cuanto a los eventuales
efectos de esa sustitución para los pacientes, tratándose de un tipo de medicamentos para los que, en la farmacia ambulatoria, expresamente se niega la posibilidad de intercambiabilidad por parte del farmacéutico, por sus especiales características y rango terapéutico", explican.

Sobre las respuestas ofrecidas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, es decir, ya con Gobierno socialista, a las consultas del Defensor del Pueblo, éste destaca que desde el Paseo del Prado se asegura que "los procedimientos terapéuticos de cambio de medicación, entre originales o de original a biosimilar, son usuales". Además, se habría indicado que las alertas planteadas por algunos profesionales y pacientes se basan fundamentalmente en supuestos teóricos, y que no existe evidencia disponible sobre problemas acontecidos por el cambio de biológico a biosimilar (hacen referencia a la información recogida en los registros Biobadaser y Biobadaderm, así como el Sistema de Notificación de Sospechas de Reacciones Adversas".

Con el fin de completar las actuaciones iniciadas, el Defensor del Pueblo habría solicitado a dicho Departamento "que traslade a esta institución el contenido de la información que obtenga de las distintas administraciones autonómicas sobre las medidas prácticas que han emprendido en esta materia".