Política

Portavoces y ex portavoces de PSOE y PP opinan sobre cuáles deben ser las prioridades tras el acuerdo en Sanidad

Todos coinciden en que el acuerdo es un buen primer paso, pero introducen matices a la hora de desarrollar algunas de las ideas expresadas en él. Los populares anuncian una PNL para corregir la prohibición de la financiación privada de la formación.
Imagen del encuentro de BioInnova.

La portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad en el Congreso, Ana Prieto, su homóloga popular, Elvira Velasco, así como los ex portavoces de ambos partidos en la Comisión de Sanidad del Senado, José Martínez Olmos y Rubén Moreno, participaron en un encuentro organizado por BioInnova y patrocinado por Takeda para hacer balance de los acordado en el Congreso la semana pasada y dar su visión sobre los que deberían ser los próximos pasos.

Durante su intervención, Prieto remarcó el "éxito" que ha supuesto que los distintos partidos (el documento fue aprobado con 256 votos a favor) hayan sido capaces de llegar a un acuerdo "amplio y transversal para fortalecer el Sistema Nacional de Salud". En este sentido, destacó las alusiones incluidas en el Dictamen relacionadas con el refuerzo del sistema público, la Atención Primaria, la estructura de Salud Pública, la mejora de las condiciones de los profesionales, el impulso de la I+D en salud, la transformación digital o la definición de la reserva estratégica para afrontar nuevas oleadas de Covid-19 y otras posibles pandemias.

Por su parte, Velasco confirmó que su grupo parlamentario se ha guiado por la "responsabilidad" para firmar un documento en el que hay puntos que no comparten. No obstante, la decisión ha sido que "cuando los puntos lleguen al Parlamento, veremos cómo mejorar lo propuesto en el documento".

Uno de los asuntos con los que no están de acuerdo es con impedir de la financiación de la formación de los congresos médicos por parte de la industria. "Hay una palabra que es dolosa, donde dice que se prohibirá esta financiación. Eso nos parece un desconocimiento de la colaboración que existe y los beneficios tan buenos que está dando, teniendo en cuenta que la formación de las administraciones no existe, que en muchas ocasiones, el sistema no puede ofrecer esa formación", dijo.

Aportó su experiencia en la gestión de la formación continuada y aseguró que "cuando llega un nuevo medicamento, y la formación sobre él no entra dentro del plan de formación que tenías establecido, no llegas". Por eso, la propuesta de su Grupo, más que prohibir la financiación, es que se haga "de una forma más transparente".

Aseguró que ya lo habían solicitado en una enmienda, que no habría sido aceptada, y que estarán pendientes de cuando se pueda presentar en el Congreso una modificación. Según dijo, su Grupo ya habría "registrado una PNL en este sentido".

Moreno también se mostró en contra de esta medida, y aclaró que si se va a ordenar a las CCAA que se encarguen de esto "habrá que mandarles la financiación" para que lo hagan. El mismo argumento empleó para mostrar su posición contraria a la eliminación de los copagos, contemplada también en el Dictamen. Además, consideró que sería "contraproducente" aplicar algunas de las medidas del informe la Airef, y puso como ejemplo la discriminación positiva a favor del genérico o el biosimilar.

Además de eso, el que fuera secretario general de Sanidad entró de lleno en la cuestión competencial, y se quejó de que, desde la transferencia a las CCAA, "la sensación es de que el Ministerio de Sanidad es una maría". No obstante, confirmó su impresión de que la pandemia ha provocado un giro en este sentido, otorgando al ministro de Sanidad "unas competencias que no se le habían dado nunca a ningún ministro".

En su opinión, el Ministerio de Sanidad deje jugar un papel destacado en la aportación de "coherencia" a la prestación sanitaria, "aunque la gestión la hagan las CCAA y las competencias sean las que son". Eso implicaría abandonar la actual posición de "debilidad" frente a las mismas que existe a día de hoy, según Moreno. Para ello haría falta también "más dotación, incluyendo a las personas mejor capacitadas" para apoyar la labor del ministro.

Como Moreno, y pese a las reservas, Martínez Olmos calificó el acuerdo como un buen primer paso. Sobre todo, por conferirle a la salud la importancia que a su juicio merece. Ahora, no obstante, quedan "deberes por hacer", según el que fuera también secretario general de Sanidad.

En su opinión, uno de los más importantes tiene que ver también con la implicación de las CCAA y, en este sentido, considera imprescindible "convencer a los presidentes de las CCAA de que esto se tiene que llevar adelante con consenso, respetando las competencias de las CCAA". Para conseguirlo, cree que podría ser positivo "que la conferencia de presidentes hiciera suyo el acuerdo, en lo que tiene de convertir a la sanidad en una prioridad, y en la necesidad de aplicar los recursos necesarios a las reformas necesarias". Eso garantizaría que esto sea algo más que "una moda en la agenda política".

Martínez Olmos piensa, en lo que respecta a la gobernanza, que la coordinación Ministerio- CCAA en el marco del CISNS "es mejor de lo que parece", y afirmó, sobre este particular, que "si se analizan las actas del CISNS, casi el 100% de las decisiones se adoptan por unanimidad, aunque estén precedidas por un debate público con posiciones diversas".

La clave, para él, no es tanto mejorar la coordinación en el seno del CISNS, sino que donde hay que hacer un esfuerzo es "vigilando la falta de equidad". Como solución a este desafío, propuso la creación de "un Observatorio de Calidad que vigile la equidad, para que cuando se detecten problemas e inequidades, se pudieran solucionar".

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