La formación izquierdista y catalanista Comuns, centra como una de las principales apuestas por su programa electoral para los próximos comicios catalanes del 12 de mayo en una idea ya habitual tanto de Sumar, como de Podemos: la creación de una empresa farmacéutica pública, en este caso cabe entender que circunscrita al ámbito autonómico catalán, teniendo en cuenta que la iniciativa nacional ya está siendo llevada a cabo por el Gobierno de España a través de varios ministerios, incluido el de Sanidad, liderado de su compañera de marca política en Madrid, la ministra Mónica García.
Así se puede leer en el programa electoral de esta formación, socia en el plano nacional del Gobierno de Pedro Sánchez que en su momento no se avino a dar su visto bueno a los presupuestos de la Generalitat, y propició la crisis del Ejecutivo de Pedro Aragonés y en consecuencia, el actual adelanto electoral en tierras catalanas. Para los próximos comicios los Comunes aspiran a conseguir, según las encuestas, unos ocho o nueve escaños. Una presencia relativamente baja en una Cámara en la que se necesitan 68 diputados para la mayoría absoluta, pero en ocasiones, como se ha demostrado recientemente, puede ser determinante.
“El actual gasto en medicamentos y procedimientos terapéuticos y su ritmo de crecimiento anual es insostenible en Cataluña y el aumento exponencial del consumo de fármacos se convierte en un problema de salud”, de esta manera explican los liderados por Jèssica Albiach su postura para defender este proyecto en el plano catalán.
Según explican el crecimiento en el consumo de fármacos está “agravado en las personas con menos recursos económicos, tal y como confirma el análisis de la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria 2022 (BD CAP): las personas más pobres se medican de forma más frecuente y en mayor cantidad que aquellas que tienen unmayor nivel socioeconómico”.
Las medidas de cara a “una racionalización del uso y del gasto farmacéutico” no se detienen ahí, además plantean “seleccionar centralizadamente los medicamentos y productos sanitarios más idóneos para ser financiados por el sistema público de salud”, una cuestión cuya gestión la actual normativa atribuye al Ministerio de Sanidad.
Igualmente apuestan por “crear sistemas de información sobre medicamentos terapéuticos propios del sistema de salud, independientes de las compañías farmacéuticas y de tecnologías médicas e integrados en las herramientas informáticas (historia clínica elec trónica, receta electrónica)”.
La creación de sistemas para la buena prescripción de medicamentos y productos sanitarios es esencial también para esta formación política, “además de generar actividades de formación sanitaria y de investigación independientes de la industria farmacéutica y tecnológica. Igualmente condicionarán “los permisos por formación a que ésta sea independiente de intereses comerciales.
En consecuencia, en los centros del sistema de salud “no debe estar permitida la promoción comercial y su promoción fuera del sistema de salud a los profesionales del SNS debe estar sometida a un control estricto”, añaden.
Otra cuestión que también figura en el programa de los Comunes es la “construcción de empresas o instituciones públicas que produzcan sus propios productos de farmacia, con precios de referencia competitivos con los de la empresa privada, y que garanticen la elaboración y la soberanía de material sanitario estratégico”.
Control de conciertos
En el plano global sanitario, la hoja de ruta de los comunes se compromete a garantizar la visita médica presencial en Atención Primaria “a menos de 48 horas laborables”, así como a reducir “por debajo de los tres meses” la espera en intervenciones quirúrgicas y “a menos de tres semanas las consultas para un especialista o prueba no urgente”.
También plantean nuevas ampliaciones en la cartera de servicios, en cuestiones odontología, psicología, oftalmología y fisioterapa.
En cuanto al modelo de financiación se comprometen a fijar el mínimo de la financiación sanitaria en un 7% del PIB catalán, lo que equivale a incrementar los presupuestos sanitarios en prácticamente un 1% del PIB y a la realización de auditorías y trasparencia en todos los conciertos económicos vigentes, una medida que desliga a la marca catalana de Sumar, con los planteamientos de eliminación total de la actividad concertada que han defendido en otras comunidades autónomas.
