A escasos días de que se cumplan los dos primeros años del cambio de Gobierno en la Comunidad Valenciana, que llevó al PSOE, encabezado por Ximo Puig, al Gobierno de la Generalitat con el apoyo de Compromís, la portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, María Remedio Yáñez, analiza para Diariofarma lo que ha dado de sí este tiempo en términos de política farmacéutica.
Pregunta. La portavoz de su Grupo se quejaba recientemente de tratos de favor a otras CCAA (País Vasco y Canarias, concretamente) en los Presupuestos Generales, como consecuencia de las negociaciones para aprobar las cuentas públicas. ¿Pueden afectar esos desequilibrios a la prestación sanitaria/farmacéutica?
Respuesta. Nosotros defendemos que haya una financiación justa. Pensamos que la previsión de inversiones en la Comunidad Valenciana, aunque no abarca totalmente las necesidades, está dentro de unos límites adecuados, aunque es posible que vayamos a necesitar apoyo adicional. Pero independientemente del presupuesto, son las decisiones políticas las que están poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema sanitario valenciano. No se pueden usar los presupuestos para tapar una política farmacéutica desastrosa y nefasta.
P. ¿Puede explicar por qué es 'nefasta' y 'desastrosa' la política farmacéutica de la Conselleria?
R. Resulta que la Conselleria habla constantemente de que quiere recuperar los derechos para los ciudadanos, y nos damos cuenta de que es el mensaje que venden, pero después hacen lo contrario. Un ejemplo claro tuvo que ver con la recuperación de la gratuidad de la píldora del día de después. Hablaron de recuperación de derechos, pero ni están por la noche ni los fines de semana accesibles para los jóvenes, ya que se da en los centros de salud. El stockaje por centro es de unos 50 comprimidos, pero sólo se dan de media, dos al mes. Por último, decir que no se ha hecho ningún seguimiento de esta medida.
P. ¿Alguna cosa más con la que no estén conformes?
R. Pues a nivel de gasto, está claro que no se está gestionando bien la centralización de las compras y la introducción de biosimilares, ya que en 2016 hemos gastado 200 millones más que en 2015. O sea, que las medidas de ahorro no están funcionando. El aumento de la factura farmacéutica mientras gobernaba el PP era el más bajo de España. Con este Gobierno, hablamos de lo contrario. También hemos perdido el liderazgo en la implantación de la receta electrónica. Éramos de los primeros y hemos terminado siendo casi de los últimos. Y por último, señalar que están mintiendo al Estado en lo que respecta al gasto en hepatitis C.
P. ¿Puede explicar esto último?
R. Resulta que la Conselleria reclamó 27 millones de euros adicionales para financiar los tratamientos de la hepatitis C. Tras la realización de preguntas parlamentarias y teniendo en cuenta la documentación existente concluimos que se han presentado facturas infladas, a las que no se les aplicaban los descuentos, los cuales estaban luego siendo reembolsados por los laboratorios por canales no habituales. Mienten para intentar desprestigiar a un Gobierno que ha cumplido con sus obligaciones.
P. Ya que hablamos de la relación entre el Gobierno central y la Generalitat. ¿Cómo ven ustedes la subvención del copago a menores y pensionistas en la Comunidad Valenciana?
R. A nosotros nos parece que es otra manipulación de la Conselleria que dirige Carmen Montón. Han utilizado como argumento el impacto del copago en la adherencia terapéutica, pero los datos no nos parecen muy creíbles. Se justifican diciendo que según lo que se retira de la farmacia se podrá medir, pero hay que tener en cuenta que cuando no había copago, el 20% de los medicamentos recetados no eran retirados por los pensionistas. Nos gustaría que se auditara el proceso. Y en todo caso, recordar que la estimación del coste real de la subvención farmacéutica es de más 80 millones de euros, por lo que lo presupuestado se queda corto.
P. ¿Quiere decir eso que no están de acuerdo con la medida?
R. Lo primero es ver cuáles son las respuestas judiciales, ya que entendemos que esta cuestión debe ser regulada a nivel estatal, y no ir cada uno por su cuenta. En nuestra opinión, se han arrogado una competencia que no es suya. Y sobre la medida en sí, pensamos que al menos habría que estudiarlo sobre la base de datos reales.
P. ¿Cómo valoran la colaboración de actores como la farmacia con la Conselleria de cara a la aplicación de las subvenciones?
R. La verdad es que prefiero no meterme en eso. Las farmacias libremente decidieron colaborar, mediante la firma de los convenios, y, como profesionales que son, sabrán por qué lo han hecho.
P. Siguiendo con las farmacias, ¿cómo ven ustedes Resi-EQIFar?
R. Una muestra más de la falta de organización, que ha terminado poniendo en contra a los farmacéuticos. Yo me pregunto si el hecho de que se sirva desde La Fe a todos los centros no puede generar problemas de accesibilidad. Y luego, pediría que explicaran de dónde proceden esos 13 millones en ahorros. En todo caso, parece que finalmente han llegado a un acuerdo para emprender un modelo colaborativo. Nosotros pensamos que, sea cual sea el modelo, hay que estudiar bien la parte económica, garantizar la calidad de la prestación y contar con todos los agentes implicados.
P. La farmacia comunitaria y la hospitalaria también están implicados en otro debate que está muy de actualidad: el de la dispensación de los DH sin cupón precinto. ¿Piensan que la innovación está bien donde está o que hay margen para una mayor participación de las farmacias?
R. Yo, a nivel personal, pienso que la accesibilidad es importante, pero los sistemas de entrega desde el hospital también pueden ofrecer una fórmula cómoda para el paciente. Yo misma lo he vivido y, además de un buen servicio, es cierto que el coste es menor. Me parece que en esta ecuación habría que meter también a la farmacia de Atención Primaria, y el modelo al que se llegue debe responder a criterios de accesibilidad, participación y coste-efectividad.
P. Por ahondar un poco más, ¿qué papel debe jugar la farmacia en el sistema sanitario valenciano, según su Grupo?
R. Yo creo que, como cualquier profesional sanitario, ya sea parte del funcionariado o externo, tienen un papel fundamental. En su caso, en todo lo relacionado con los fármacos, la posología, la formulación, etc. Lo que me parece importante es que la integración de la farmacia debe hacerse siempre desde el sentido común, de manera que no se generen conflictos entre profesionales. Y si hay programas en los que el coste es menor con la misma calidad, pues sería entendible que la prestación se haga desde la farmacia.
P. Volviendo a las medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, y dejando a un lado lo que hace mal o bien la Conselleria, ¿cuáles son sus propuestas para mantener el gasto a raya?
R. A nosotros nos parece que tiene que haber un control, con medidas en primaria y en hospital que sean monitorizadas. También pensamos que los programas que funcionan, como en nuestro caso Refar, hay que mantenerlos y mejorarlos en lo que sea posible.
P. ¿Opinan, independientemente de las medidas, que el precio de los medicamentos es el adecuado?
R. Para eso están las negociaciones, aunque éste es un tema que prefiero dejar a los expertos. A nivel personal, lo que sí he visto es que hay fármacos que han aparecido con precios altos y que han bajado después con los acuerdos. España es, además, uno de los países con los precios más bajos, como muestra el hecho de que haya turismo de farmacia. Pienso que somos buenos en la negociación.
P. El Catsalut pedía recientemente una mayor participación de las CCAA en las decisiones sobre precio y financiación, equilibrando la presencia de éstas en la Comisión Interministerial. ¿Están de acuerdo?
R. Mi opinión es que la representatividad no siempre se mide en números, aunque está claro que la participación es importante. El Gobierno ya ha mostrado que quiere actualizar los mecanismos, y no sé si esto quedará plasmado en el nuevo RD de precio y financiación. Es una posibilidad.
P. La penúltima. Dadas las quejas de algunos profesionales sanitarios y organizaciones de pacientes en lo que respecta a la equidad, ¿entienden que en la Comunidad Valenciana hay un buen acceso a la innovación terapéutica?
R. Sólo tenemos constancia de algunas quejas relacionadas con pacientes a los que se les ha restringido el acceso a determinados tratamientos para el cáncer en el Instituto Valenciano Oncológico. Del resto de áreas terapéuticas no tenemos constancia de que se estén dando problemas.
P. Terminamos con los pacientes. ¿Opinan ustedes que deberían tener más peso en la toma de decisiones en materia sanitaria, en general, y farmacéutica, en particular?
R. Justo tenemos por delante ahora mismo el reto de alcanzar un Pacto por la Sanidad, que debería firmarse en aras de la eficacia y la evidencia científica. La política se debe dejar un poco al lado a la hora de gestionar, y además es importante la participación de los profesionales y los ciudadanos. Pienso que su participación a todos los niveles puede ser positiva.
Nicolas Gonzalez Casares: