Farmaindustria propone un plan para hacer a España atractiva a la inversión farmacéutica

La industria farmacéutica innovadora ha lanzado un mensaje de urgencia desde el XXIV Encuentro Nacional de la Industria Farmacéutica, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde más de 300 representantes del sector y de las administraciones debatieron sobre los retos y oportunidades que plantea la coyuntura internacional.

La cita ha servido para que la patronal hiciera público una serie de propuestas que buscan “acelerar la inversión biofarmacéutica en España en el contexto geopolítico actual”. Con ellas se trata de que España aproveche las oportunidades existentes en el sector biofarmacéutico y consisten una serie de medidas para “mantener e incrementar su potencial para atraer inversiones en I+D y en activos industriales y digitales”.

La presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós, subrayó en la apertura del encuentro que “la palabra del año será incertidumbre” y, ante esta situación, el sector debe ser capaz de “transformar la incertidumbre en oportunidad, y la oportunidad en progreso para la sociedad”. Lladós, como resumen de la propuesta de la patronal, insistió también en la necesidad de “fortalecer los incentivos regulatorios y fiscales a la innovación y agilizar el acceso a los tratamientos, tanto en tiempos como en equidad. Porque mejorar la salud significa también fortalecer la economía del país”.

El director general de Farmaindustria, Juan Yermo, situó su intervención en el contexto del informe de Mario Draghi, que identificó a la industria farmacéutica como sector estratégico para Europa. Recordó que los tres pilares marcados por el economista italiano son claros: potenciar la innovación, adaptar las políticas medioambientales a las necesidades del sector y reforzar la autonomía estratégica frente a terceros países. Sin embargo, criticó que Europa sigue sin tener un plan de respuesta frente a las amenazas que representan los nuevos aranceles estadounidenses y las presiones para atraer inversiones hacia ese país. Por ese motivo reclamó celeridad a la hora de plantear respuesta ya que, según él, “o tomamos las decisiones ahora y apoyamos la innovación de forma contundente, o vamos a ir perdiendo relevancia de forma acelerada”, advirtió.

Yermo defendió que la Estrategia de la Industria Farmacéutica en España, aprobada en diciembre de 2025, debe servir de base, pero insistió en que hay que dar un paso más para retener los 3.000 millones de euros de inversión anual, las 111 plantas de producción, de las que solo 12 son de biológicos, y los 270.000 empleos directos, indirectos e inducidos que genera el sector.

Medidas propuestas

Para ello planteó la necesidad de un marco regulatorio predecible en precios y acceso, la ampliación de la protección de datos regulatorios de ocho a diez años, una evaluación homogénea en todo el territorio y una apuesta real por la investigación preclínica y biotecnológica. También reclamó corregir los desequilibrios de la nueva directiva de aguas residuales urbanas, revisar la disposición adicional sexta, reduciendo el tipo, ya que se va a ampliar la base a los medicamentos hospitalarios y mejorar las minoraciones del Plan Profarma. Asimismo, pidió aumentar las deducciones fiscales por inversión en I+D, monetizar los créditos fiscales que hoy no pueden aprovechar plenamente las compañías y reforzar la producción nacional en biológicos y terapias avanzadas con nuevos incentivos que impulsen la instalación de plantas de fabricación en España. Igualmente, Farmaindustria plantea que se refuerce el ecosistema español de innovación para consolidar el liderazgo español en ensayos clínicos, para lo que plantean que la realización de investigación clínica relevante en nuestros hospitales en el desarrollo de un medicamento sea un criterio positivo para su financiación.

Se trata de medidas que, según Yermo, son “coherentes con la Estrategia de la Industria Farmacéutica” y advirtió de que si no se toman estas medidas, “lo que se pone en juego es el futuro de la industria farmacéutica innovadora en Europa, tal y como la conocemos”, concluyó.

Por su parte, Carlos Gallardo, presidente mundial de Almirall y vicepresidente de la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia), ofreció una visión más amplia del escenario europeo. Recordó que Estados Unidos concentra más de la mitad de la inversión global en investigación biomédica y está atrayendo a gran parte de la nueva capacidad industrial gracias a sus políticas de incentivos. Según sus datos, ya hay compromisos firmes por valor de 250.000 millones de euros para construir plantas en suelo estadounidense, y solo en los próximos tres meses podrían desviarse 16.500 millones de euros de inversiones inicialmente previstas en Europa. “Medicamentos que se fabrican hoy en Europa podrían pasar a producirse íntegramente en Estados Unidos, debilitando nuestra base industrial, el empleo cualificado y el valor añadido que trae la producción”, alertó.

Gallardo advirtió también del impacto inmediato que ya están teniendo las medidas norteamericanas. Relató un caso que ha afectado a su propia empresa, que ha visto cómo una compañía estadounidense canceló un acuerdo de licencia con Almirall por temor a que un eventual lanzamiento en Europa a un precio más bajo pudiera obligar a reducir los precios en su mercado doméstico. “Ese riesgo ya está bloqueando acuerdos y, al final, quien pierde es el paciente europeo”, lamentó.

En el caso español, denunció el estancamiento de la investigación clínica, con una caída de los ensayos desde 995 en 2021 a 930 en 2024, aunque la mayor caída de otros países ha mantenido la posición de liderazgo de nuestro país. Además, criticó los retrasos en el acceso a los medicamentos, que pueden tardar hasta dos años desde la autorización europea. Además, señaló que más de la mitad de los fármacos reembolsados están sujetos a restricciones adicionales a la prescripción y dispensación, lo que genera inequidades y retrasa la llegada de terapias que podrían mejorar la vida de los pacientes. “Persiste una visión equivocada: considerar los medicamentos innovadores únicamente como un centro de costes. En realidad, son una inversión en salud, con un impacto social y económico muy notable”, defendió.

Para sostener esta idea, recordó un análisis de Analistas Financieros Internacionales (AFI) que muestra que en 2022 el gasto público en medicamentos en España, de unos 22.000 millones de euros, generó un ahorro estimado de 14.000 millones en pensiones, bajas laborales y hospitalizaciones, además de aportar un 2% del PIB y sostener 242.000 empleos. A su juicio, revertir la pérdida de atractivo de Europa requiere un mercado que premie la innovación, una mayor protección regulatoria, que alcance los diez años de protección de datos, hasta doce para huérfanos, y dos más de protección de mercado. A ello habría que añadir una reducción de las cargas financieras que soporta la industria, más recursos para la EMA y las agencias nacionales, y un acceso más rápido en España.

Gallardo cerró su intervención con una advertencia y una llamada a la acción. “Cada mes que pasa sin actuar, otros países avanzan y nosotros retrocedemos. La decisión es clara en este cruce de caminos: o convertimos a Europa en un motor de innovación y de producción, o asumimos el coste de perder una industria estratégica, como ya ocurrió con la microelectrónica o los paneles solares”.