Economistas de la London School of Economics y la Universidad Pompeu Fabra, con el apoyo de Gilead, han elaborado un informe titulado 'Control del gasto farmacéutico y mejora de la eficiencia en el mercado farmacéutico español. Una aproximación a nivel macro y micro', en el que ponen en cuestión el marco actual de fijación de precios y reembolso de los medicamentos por considerarlo "carente de consistencia y transparencia". En este sentido, los autores muestran su preocupación por "la incapacidad del Gobierno español para sacar adelante una nueva legislación que marque el uso de un procedimiento para la evaluación económica y la asignación de precios y reembolso" y ponen en duda "la eficiencia del proceso actual para la toma de decisiones".
Comienzan el informe señalando la escalada del gasto farmacéutico en los últimos 20 años en toda la Unión Europea, y señalan como factores determinantes el lanzamiento de innovaciones de alto coste y el envejecimiento de la población, que ha supuesto un aumento del uso de medicación para la cronicidad. En el caso de España, señalan, la evolución del gasto per cápita ha evolucionado en línea con la media europea. Así, destacan un primer periodo (2000-2009) en el que el mercado aumentaba en nuestro país a un ritmo del 6,2% anual; una segunda etapa (2010-2013), en la que se produjo una caída anual superior al 7% por las reducciones de precios, el impulso de la prescripción de genéricos y el aumento del copago, principalmente, y una última fase (2014-2016), en la que el gasto ha recuperado la tendencia positiva, pero con cifras más moderadas, en torno al 2,59%.
Pero ahora, y partiendo de este contexto marcado por la relativa estabilización del gasto, los economistas de la London School of Economics y la Pompeu Fabra se plantean la idoneidad de varias de las medidas aplicadas y animan a transitar otros caminos. La primera medida que cuestionan es la vinculación del gasto al PIB, fruto del convenio firmado con Farmaindustria. "Se trata de una fórmula arbitraria, inadecuada para generar eficiencia (en la toma de decisiones), así como para dar entrada y expandir el uso de la innovación", señalan, y recomiendan que, puestos a aplicar techos de gasto, se mire al modelo británico, basado en la expresión de objetivos de gasto, sin vincularlos al PIB, que suele ser un indicador volátil. En opinión de los expertos, este esquema debería ir acompañado de fondos de contingencia para permitir el acceso a la innovación, como ha sido el caso Reino Unido con el Cancer Drug Fund.
En todo caso, y teniendo en cuenta el modelo actual español, basado en la vinculación del gasto al PIB, recomiendan el establecimiento de unos mecanismos claros de reembolso de los excesos de gasto, ya que en España "no están bien definidos". De hecho, lo ven como "una de sus principales debilidades". No obstante, señalan que se trata un desafío que ya afecta a otros países como Italia, y señalan las dificultades para establecer las cuantías a pagar por cada laboratorio como reto principal.
Necesidad mejorar en términos de evaluación
Sin embargo, lo que perciben los autores es que España necesita desarrollar un sistema robusto de evaluación de la innovación terapéutica. En este sentido, apremian a las autoridades españolas a "avanzar en el diálogo temprano con las compañías y la prestación de asesoramiento científico", claves para introducir claridad de cara al proceso posterior de autorización y reembolso. La aplicación de estos métodos va a ser clave, explican, "para ir más allá de la contención presupuestaria y optimizar el resultado de la asignación de fondos". En la misma línea, recomiendan la extensión de los acuerdos de riesgo compartido.
Junto a estas medidas, los economistas recomiendan la adopción de una política de promoción de medicamentos genéricos que sea compatible con la libertad de prescripción. Así, "a pesar de las mejoras conseguidas en los últimos 15 años" en este sentido, subrayan que "España está peor que otros países en términos de penetración". Por eso, más allá de la sustitución obligatoria o la aplicación de los precios de referencia, proponen la extensión de modelos de subasta, como la andaluza, "con la que se han conseguido ahorros sustanciales", aunque citan el empeoramiento de las relaciones con los laboratorios. No obstante, señalan que la literatura dice "que la subasta es una forma efectiva de promover la competición entre medicamentos genéricos y conseguir mejores precios", por eso apuestan "por la extensión del modelo andaluz" a todo el Estado.
Además de estas recomendaciones en el ámbito de la oferta, destacan la importancia de actuar sobre la demanda, y citan el desarrollo de guías de práctica clínica para orientar la prescripción hacia un uso más racional de los medicamentos. En este sentido, indican que en las consultas realizadas para la elaboración del informe han detectado que los "prescriptores no son muy conscientes de los costes y que habitualmente no hacen caso de las guías clínicas", por lo que abogan por hacerlas de aplicación obligatoria. También resaltan la necesidad de ahondar en el proceso de formación e información de los pacientes, en aras de una mejora de la adherencia.
Al margen de las acciones que deberían tomarse a nivel nacional para contener el gasto a la vez que se asegura el acceso a la innovación, los expertos apuntan que las comunidades autónomas diseñen su gasto farmacéutico en función de los riesgos, teniendo en cuenta las características específicas de su población, y además establecer incentivos para que los prescriptores se adhieran a las medidas para la contención presupuestaria. En lo que respecta a la puesta en marcha de medidas en materia de política farmacéutica, concluyen que España necesita "una mayor coordinación para asegurar que las acciones son implementadas, monitorizadas y evaluadas".
Nicolas Gonzalez Casares: