El Congreso enmienda la totalidad de la gestión sanitaria del gobierno del PP

El Congreso de los Diputados ha aprobado una moción del PSOE en la que se insta al Gobierno a la realización de una serie de cambios que, en la práctica, suponen una enmienda a la totalidad de la política sanitaria del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Cambios que afectarían desde la universalidad de la asistencia, al copago, pasando por las formas de gestión privada, el Fondo de Cohesión o la retirada de recursos judiciales ante determinadas iniciativas autonómicas, entre otras cuestiones.

La moción, que era consecuencia de la interpelación urgente que tuvo lugar hace un mes y que enfrentó a la Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat con el portavoz de Sanidad del PSOE, Jesús María Fernández, ha contado con el apoyo de todos los grupos, a excepción del Partido Popular y el diputado de Foro Asturias, que la han rechazado, así como la abstención de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

El portavoz del PSOE en materia sanitaria ha sido el encargado de defender la propuesta que busca “poner en marcha un acuerdo que nos permita recuperar el derecho de acceso a una atención sanitaria de todos” y que “aborde las principales causas de las desigualdades en salud”. Fernández se ha apoyado en una serie de recientes informes de instituciones y organismos nacionales e internacionales que, según él, ponen en cuestión el resultado de las reformas sanitarias del Ejecutivo. En este sentido, ha mencionado el informe del Defensor del Pueblo de 2017, el editorial de la última revista de The Lancet, un informe del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) de la Universidad Pompeu Fabra o un informe reciente de Naciones Unidas.

Por todo ello, Fernández ha reclamado del Gobierno que deje de “permanecer impasible ante esta situación” y ha pedido a los representantes del Partido Popular “generosidad para rectificar medidas que han sido muy perniciosas para la sanidad española, que volvamos al consenso de la Ley General de Sanidad”.

Once apartados

De este modo, ha planteado una moción que, a lo largo de once puntos, aborda cuestiones como “recuperar el derecho a la atención sanitaria como un derecho de la ciudadanía”; dotar al sistema de una financiación sanitaria “suficiente para abordar los desafíos” que tiene; recuperar “las condiciones de empleo y el acceso a la innovación terapéutica y reducir las desigualdades en salud”; dotar de un Fondo de Cohesión y de un Fondo de Garantía Asistencial que permitan “eliminar las barreras a la atención sanitaria cuando una persona se desplaza” entre comunidades autónomas; “eliminar los resquicios legales que permiten privatizaciones como las que se han producido en Valencia o Madrid” y reforzar la gestión pública del Sistema Nacional de Salud; “eliminar los copagos farmacéuticos y los resquicios legales que hoy existen gracias al Real Decreto-ley 16/2012 para seguir incorporando nuevos copagos sanitarios”; entre otras.

Los cambios introducidos a las pretensiones iniciales del PSOE en materia de sanidad privada, que pedía la derogación de la Ley 15/1997, y ha quedado en su “revisión”, y solicitar un análisis de los copagos existentes previamente al RDL 16/2012 han posibilitado el apoyo de grupos como el Partido Demócrata Catalán (PdCat) o Ciudadanos.

Como cabía de esperar, la única voz en defensa de la política del Gobierno vino de la mano de la portavoz del PP, Teresa Angulo, que puso de manifiesto que las medidas que se tomaron, entre otras por el Real Decreto-ley 16/2012, “salvaron al sistema de la quiebra”. Angulo también ha recordado que con esta modificación legal “se concedió sanidad a miles de españoles a los que los socialistas se la negaban y de los que solo se acordó el PP; corrigiendo el copago socialista, que hacía pagar a quienes nada tenían y a quienes hoy ustedes quieren volver a hacerles pagar”.

Aval del Constitucional al 16/2012

Además, la portavoz del PP aseguró que el Tribunal Constitucional “ha dicho que en España la protección de la salud está garantizada y que el Real Decreto-ley 16/2012 cumple todos los tratados internacionales”. Por ese motivo, consideró que “no podemos dar marcha atrás a una gestión que ha permitido que hoy las comunidades dispongan de más financiación del Estado para políticas sociales, que va a permitir negociar un nuevo modelo de financiación que acabe con el modelo socialista del que ustedes ahora mismo reniegan”.

Por otro lado, Angulo quiso dejar claro que la responsabilidad de la gestión sanitaria corresponde a las comunidades autónomas. “Ustedes culpan de todos los males al Gobierno de España omitiendo que las competencias sanitarias son de las comunidades autónomas, que presupuestan y prestan los servicios”, aseguró. Y a este respecto, consideró que la comunidad que más desigualdades tiene en relación al resto es Andalucía, que es la que tiene “menos gasto sanitario por habitante, con menos camas por habitante, líder en pérdida de empleo sanitario, déficit de especialistas y precariedad laboral y salarial, donde los ciudadanos sufren desabastecimientos de medicamentos”. La diputada aprovechó la ocasión para lanzar un dardo a Ciudadanos, recordándoles que están dando soporte parlamentario al PSOE en esta comunidad autónoma.

Como colofón, la popular quiso destacar que la valoración que los ciudadanos tienen a día de hoy del sistema sanitario es “más alta de nuestra sanidad en los últimos diez años”, tal y como se ha recogido en el último Barómetro Sanitario, por lo que anunció que van a “seguir trabajando por mejorar cada día la excelencia de nuestro sistema”.

Apoyo pero mucha crítica

Ciudadanos, a pesar de apoyar la moción del PSOE, criticó duramente algunos apartados de la misma, así como el comportamiento de los socialistas. Su portavoz en Sanidad, Francisco Igea, aseguró que muchas de las cuestiones contenidas en la moción habían sido presentadas previamente por su grupo y fueron rechazadas por los socialistas: “Presentamos una moción en noviembre sobre equidad en las prestaciones sanitarias con nueve puntos y a todos votaron en contra”, reprendió.

Igea, que reclamó votación de cada punto por separado aunque luego no se produjo, se mostró de acuerdo en la necesidad de recuperar la universalidad, pero quiso eliminar dejar claro que derogar el 16/2012 no iba a suponer alcanzar una universalidad “que nunca existió” ya que solo era un derecho “para aquéllos que estaban empadronados”. A este respecto, acusó a los socialistas de mentir con esta cuestión.

El portavoz de Ciudadanos también consideró que no era adecuado reclamar que se retiren los recursos presentados por el Gobierno frente a las iniciativas autonómicas. Según explicó, precisamente los tribunales “unifican las normas”, por lo que impedir su actuación “es la única manera de garantizar que la desigualdad”.

La última crítica al PSOE vino a cuenta de la solicitud de derogación de la Ley 15/1997, que se aprobó con el voto a favor del grupo socialista y fue defendida en diversos foros y escritos por representantes sanitarios del PSOE como explicó Igea desde la tribuna. A este respecto, Igea también aseguró que durante su etapa como viceconsejero de Sanidad del País Vasco, el ahora portavoz del PSOE defendió algunas cuestiones como la desfinanciación de medicamentos, o algunos elementos del copago.

El portavoz de Ciudadanos aprovechó también la petición de dotación del Fondo de Cohesión para pedir a los socialistas que presenten una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 en este sentido y que permitan con su voto la aprobación de los mismos porque “lo demás es una filfa”.

Suprimir "todos los copagos"

Por parte de Podemos, la diputada Eva García aseguró que “las políticas nefastas del Partido Popular rompieron el principio de universalidad en el acceso para pasar a un modelo basado en el aseguramiento”. La representante de Podemos también criticó “la doble alma del PSOE, de esa diferencia entre el PSOE que gobierna y el que está en la oposición” en relación a la propuesta de derogación de la Ley 15/1997 ya que además de votar a favor en su aprobación, la utilizan en las comunidades en las que gobiernan y no la derogaron durante los años 2004-2011 en que gobernaron.

La portavoz de Podemos consideró necesario “suprimir todos los copagos” que afectan especialmente a las clases más trabajadoras y desfavorecidas y “especialmente a las mujeres”. En este sentido, aseguró que “dos millones de personas no retiran los medicamentos prescritos por motivos económicos; el 17% de los pensionistas dejan los tratamientos, y en el caso de los pensionistas que cobran menos de 400 euros esta cifra asciende al 28%”.

García también criticó la financiación de entidades de mutualismo administrativo (Muface, Mugeju e Isfas) que son “las grandísimas beneficiadas por los presupuestos generales, y no nos parece de recibo que sean las privadas las que más fondos reciban de la partida de Sanidad”. A este respecto dio por “innegable que el Partido Popular “apuesta por el desmantelamiento de los servicios público”. Según ella, “no hace falta ni demostrarlo”.

En cuanto a los grupos minoritarios, el portavoz del PNV Joseba Agirretxea critió que se presenten mociones de tantos puntos como la debatida, que “parece un programa electoral” y lo que hacen es “dispersar en vez de centrar”. A pesar de ello, el portavoz del Grupo Vasco mostro su acuerdo con la mayoría de las cuestiones planteadas ya que todas ellas suponen “la postura del Partido Nacionalista Vasco en aquellos sitios donde está gobernando”.

Agirretxea también criticó el RDL 16/2012, que “surge con un objetivo sanitario trufado porque el objetivo era económico” y fue “redactado por Montoro con el objetivo de recaudar”. A pesar de ello, “ni convenció sanitariamente ni consiguió que, desde una perspectiva económica, se ahorrara nada”.

Abandonar lo privado como demonio

Por parte del PdCat, Miriam Nogueras, reclamó del PSOE “dejar aparcado el mantra del privado como demonio y a empezar a trabajar conjuntamente con todas las iniciativas efectivas ya existentes”. A este respecto, presentaron una enmienda y aseguró que su partido está “a favor de la supervisión y titularidad pública, pero también de la flexibilidad y de las redes de utilización pública, que es el modelo que precisamente tenemos en Cataluña, en el que colaboran entidades, cooperativas...”.

Para Francesc Xavier Eritja, de Esquerra Republicana de Cataluña, la principal motivación para votar la moción era “el punto que propone la derogación de dicho real decreto, punto del que todos hemos hablado porque es donde nos jugamos el modelo que estamos planteando”. A este respecto aseguró que el Parlamento de Cataluña aprobó en junio de 2017 una Ley de Universalización que no se ha podido “desplegar” por la aplicación del artículo 155 y que, además, ha sido recurrida por al Ejecutivo Central ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, Marta Sorlí de Compromís, quiso poner como ejemplo al gobierno valenciano, que implantó la “sanidad universal como una de las primeras medidas, eliminamos el copago primero a las personas jubiladas, a los pensionistas y a los dependientes, luego a los menores sin recursos y, hace muy poco, a las personas en situación de desempleo”. Y reclamó del grupo socialista haber hecho en el Congreso de los Diputados “un Gobierno colaborativo que realmente recuperara la sanidad universal de verdad”.