La estructura orgánica de la Administración se organiza por silos verticales, pero “cada vez trabajamos más transversalmente, porque lo que nos mueve son los retos”. Con esa idea resumió el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el espíritu de la jornada de presentación de la nueva edición del Plan Profarma 2025-2026, celebrada este miércoles y organizada por su departamento. El acto reunió vez sobre el escenario a los tres secretarios de Estado implicados en el programa, que dejaron patente una visión compartida sobre la industria farmacéutica, y a un grupo de directivos del sector que aprovechó la ocasión para plantear sus peticiones de cara a la próxima edición del plan.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, fue quien mejor verbalizó esa sintonía al explicar que cualquiera que se aproxime a alguno de los tres ministerios, encontrarán “un relato de política farmacéutica común”. A su juicio, Profarma es la iniciativa “que mejor representa lo que es la estrategia de la industria farmacéutica”, porque integra las visiones de Ciencia, Industria y Sanidad en lugar de pensarlas como compartimentos estancos.
Padilla defendió que el programa genera incentivos “guiados desde la demanda y no solo desde la oferta”, y reivindicó que el beneficio para el sistema sanitario y los pacientes no se produce únicamente al final de la cadena del medicamento. Los ensayos clínicos ya constituyen una forma de acceso a los tratamientos, argumentó, y la implantación de capacidades de producción en España protege frente a problemas en las cadenas de suministro y mejora la disponibilidad de los medicamentos.
En la misma línea se pronunció el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, para quien el sector debe abordarse de manera integral, con la oferta, la demanda y la investigación en una misma estrategia, igual que la sanidad aborda hoy la salud desde una perspectiva global. Profarma es, en sus palabras, “el cuadro de mando de este abordaje estratégico e integral del sector”. Recordó que la edición vigente ya incorporó respuestas a los riesgos actuales, con la valoración de los centros digitales y de trabajo con datos, de los que España cuenta con al menos cinco de gran tamaño entre Madrid y Barcelona, y con puntuación adicional por autonomía estratégica, por la producción de medicamentos críticos en España y por los biosimilares. “No estamos mal, estamos jugando bien la partida”, resumió.
El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, aportó la fotografía investigadora: España “ya no es solamente un sitio al que venir a hacer un ensayo, sino que se ha convertido en un nodo de desarrollo clínico completo”. Recordó que la Aemps aprobó 962 ensayos clínicos en humanos en 2025, el 40% de los ensayos que se realizan en Europa cuenta con participación española y la mitad de los que se hacen en nuestro país corresponde ya a fases tempranas, aunque pidió incrementarlos, incluyendo los first in humans, así como los descubrimientos. Cigudosa trasladó además “el apoyo absoluto del Gobierno de España” al sector ante la negociación europea de la Biotech Act, con cuyos términos actuales admitió no estar completamente satisfecho.
Hereu, que clausuró el acto, completó ese frente institucional con una reivindicación de la continuidad del programa, nacido en 1986, el año de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea. “El camino recorrido ha valido absolutamente la pena”, afirmó, antes de declararse “apasionado defensor” de una industria que encarna “calidad social y autonomía estratégica para Europa”.
Una ventana hacia 2027
Con la convocatoria 2025-2026 ya en marcha, buena parte de la jornada miró ya al siguiente ciclo. “Hay que empezar a trabajar para los próximos cuatro años y larga vida Profarma”, emplazó Brustenga. El director general de Farmaindustria, Juan Yermo, que moderó una mesa con compañías, situó en 2027 esa “pequeña, mediana o gran reforma” del programa y señaló que actualmente “se abre una ventana realmente de ser propositivos, ser creativos, ser innovadores” de cara a ese próximo Plan. La patronal que dirige, que cuenta con un grupo de trabajo dedicado en exclusiva a Profarma, ha enviado al Gobierno una serie de propuestas.
Entre las ideas de Farmaindustria figuran la reforma de las deducciones fiscales a la I+D, con créditos que las empresas acumulan y no pueden aplicar porque caducan a los 18 años, un cambio que requeriría la implicación de Hacienda, así como el reconocimiento de la producción por terceros y de los hubs de innovación digital. Sobre la duración del próximo plan, Yermo abogó por recuperar la regularidad de los cuatro años, pero se mostró partidario de alargarlo. “Podemos incluso alargarlo si queréis, pero por lo menos cuatro años, ayudaría mucho a la planificación de una industria de tan largo plazo”, explicó.
Desde el lado institucional, Cigudosa concretó una petición: que el próximo Profarma valore todavía mejor que los centros de innovación radicados en España “sean de verdad potentes” y mantengan una colaboración estable con los institutos de investigación biomédica, el Instituto de Salud Carlos III y las universidades. Su aspiración, dijo, es “que las industrias vean a nuestro país no como un socio clínico, sino como un socio científico y clínico”. Padilla, por su parte, admitió que el programa tiene “elementos de adaptación a una realidad cambiante” y citó el auge de los centros de datos que detectaron las primeras auditorías del plan.
Las demandas de las compañías para Profarma
En la mesa de la industria, la directora general de BMS España y Portugal, Sandra Orta, articuló su petición en tres elementos: que se valore la inversión en innovación, incluida la investigación básica y preclínica; que esa innovación se traslade después “en acceso y reembolso asumible para todos, con el menor número de limitaciones”; y que el programa sea realista con los distintos perfiles de compañía, de modo que la calificación de excelente no quede reservada a quienes cuentan con producción local. “No me pidáis lo imposible, pero no me penalicéis tampoco si no lo consigo”, pidió, en referencia a su compañía, que mantiene ensayos clínicos, una inversión de 80 millones anuales y un centro de I+D en Sevilla, pero no tiene, ni tendrá, fábrica en España.
Orta acompañó su demanda de acceso con datos que calificó de alarmantes. Si hace unos años la EMA aprobaba el 77% de los medicamentos autorizados por la FDA, ese porcentaje se sitúa ya en el 38%, según datos de 2025. Y una vez lograda la financiación en España, las comunidades autónomas vuelven a evaluar la misma evidencia, lo que añade “de nueve a doce meses más, mínimo” hasta que el fármaco llega al paciente. A ello sumó el desplazamiento de la inversión en investigación clínica hacia Asia, donde se concentra ya el 60% de los ensayos.
La presidenta de MSD España, Ana Argelich, coincidió en la necesidad de conectar el incentivo con el acceso, hoy “desconectados”, y consideró “absolutamente crítica” la estabilidad temporal y legislativa del programa. Reclamó también un protagonismo distinto para los hubs de innovación y datos, minimizar las trabas administrativas y avanzar hacia un acceso equitativo entre comunidades autónomas. El marco normativo en marcha, con el Real Decreto 415/2026 de Evaluación de Tecnologías Sanitarias aprobado, el de Fianciación y Fijación de Precio en consulta y la futura Ley del Medicamento, será la base para ese objetivo, dijo, siempre que ofrezca seguridad jurídica. Su condición de fondo es que “necesitamos que se reconozca que los medicamentos son una inversión”.
El director de Asuntos Públicos y Gubernamentales de Grifols, César Rubio, puso el acento en un desajuste histórico del programa. “Grifols ha sido calificado como excelente desde la primera edición de Profarma y nunca se ha beneficiado de nada, porque el incentivo era fiscal por un canal de ventas”, explicó. El estímulo del plan consiste en una minoración de las aportaciones que las compañías realizan al Sistema Nacional de Salud por sus ventas, de las que quedan al margen las empresas de ámbito exclusivamente hospitalario. Rubio propuso que la calificación sirva para otros instrumentos de la política industrial, reclamó que la regulación contemple las particularidades de los medicamentos derivados del plasma. Además, y dado que su empresa también está presente en el ámbito de tecnologías no farmacológicas, deslizó que igual que les “gusta el Profarma, seguro que también nos va a gustar un Protech dedicado a la tecnología sanitaria”. Su conclusión fue que el programa es “una herramienta útil pero no suficiente” para decidir una inversión, por lo que debería integrarse con el resto de la política industrial.
La visión del medicamento genérico la aportó Alicia Rebollo, responsable de Asuntos Públicos de Normon, que pidió que Profarma esté presente en todas las fases de la cadena de valor, porque “el medicamento se investiga, se desarrolla, se fabrica y se garantiza en España”. Valoró especialmente que la última edición elevara la puntuación de la fabricación de medicamentos estratégicos, determinante para que su compañía alcanzara la calificación de muy buena dentro del grupo B, y abogó por una compra pública que complemente el precio con indicadores como la capacidad de respuesta ante crisis, la garantía de suministro o la fabricación en España. El genérico, defendió, es una palanca de ahorro, pero también de autonomía estratégica, y “sin garantía de suministro no hay verdadera autonomía estratégica”.
Inversiones que avalan el discurso
Las cinco compañías presentes respaldaron sus posiciones con cifras de inversión. La directora general de Faes Farma, Esther Mosquera, recordó que la nueva planta de Derio (Vizcaya) supuso más de 200 millones de euros, la mayor inversión en los más de 90 años de historia del grupo, y permite duplicar la capacidad de producción hasta superar los 100 millones de unidades anuales. Su medicamento bilastina, desarrollada en España, llega a pacientes de más de 130 países. “Invertir en España significa invertir en competitividad, en autonomía estratégica y apostar por el futuro de la industria farmacéutica europea”, afirmó.
Mosquera reivindicó además que la fortaleza de Faes reside en cubrir todo el ciclo del medicamento, desde la innovación propia hasta la fabricación y la comercialización, un recorrido que arrancó como compañía local y que hoy alcanza trece plantas de producción repartidas por el mundo sin renunciar a su matriz española. En ese trayecto situó el papel de Profarma, que a su juicio reconoce el valor que la industria nacional aporta al sistema “no solo desde una perspectiva sanitaria, sino también social y económica”, y valoró que las últimas ediciones incorporen criterios de sostenibilidad y tecnología. Son terrenos en los que la compañía ya trabaja, apuntó, con la reducción de su huella de carbono y la integración de la inteligencia artificial, e incluso de tecnologías cuánticas, en toda la cadena del medicamento para “producir más, pero también producir mejor”.
Grifols, que ultima una planta de más de 160 millones en Barcelona, aportó la mirada de los medicamentos críticos. Rubio reconoció que “Profarma no decide que una inversión de 160 millones se realice en España, pero sí es un elemento más dentro de la política industrial”, y alertó de que Europa solo es autosuficiente en un 30% del plasma que necesita, con dependencias de Estados Unidos que en algunos medicamentos alcanzan el 100%.
Por su parte Rebollo recordó que Normon fabrica una de cada cinco dosis que se dispensan en los hospitales españoles. Al cierre de 2025 produjo más de 377 millones de unidades y 4.800 millones de dosis, que permitieron tratar a diario a más de 13 millones de pacientes, con 3.200 empleos en sus dos plantas de Tres Cantos. La compañía prevé invertir otros 200 millones hasta 2028 para ampliar capacidades, tras un papel en pandemia que Rebollo ilustró con el abastecimiento de críticos como midazolam y cisatracurio.
Por parte de la innovación internacional, Orta destacó que el CITRE de Sevilla cumple 15 años como único centro de I+D de BMS fuera de Estados Unidos, con un 55% de su actividad dedicada a investigación básica y preclínica y participación en el 60% de los ensayos clínicos que la compañía desarrolla en el mundo. “Conseguir un centro en Sevilla no es fácil, conseguirlo en España tampoco y mantenerlo aún menos”, advirtió. Argelich, por su parte, subrayó que MSD es este año la primera compañía en ensayos clínicos en España, con más de 100 millones de inversión anual, y reivindicó su fábrica de salud animal de Salamanca, primer empleador de la zona, que exporta 50 millones de dosis a 75 países.
“Ya me gustaría que toda la industria fuera como la farmacéutica”
“Ya me gustaría que toda la industria en España fuese como la industria farmacéutica. No lo digo para hacer la pelota”. Jordi Hereu dedicó buena parte de su intervención de clausura a justificar esa afirmación con datos. El sector invierte 1.775 millones de euros en I+D, con un crecimiento del 7% anual y del 40% en los últimos cinco años, y encadenó 962 ensayos clínicos autorizados, que sitúan a España como primer país de la Unión Europea, solo por detrás de Estados Unidos.
El ministro citó 180 plantas productivas y una exportación del 80% de la producción, equivalente a 17.000 millones de euros, que convierte al farmacéutico en uno de los cuatro grandes sectores exportadores de la economía española. En empleo, 56.000 puestos directos y 270.000 indirectos e inducidos, con un 95% de contratos indefinidos, un 53% de mujeres en las plantillas y un 67% en los equipos de I+D, más del doble que el resto de la industria. “Es la utilización eficiente del talento”, resumió.
Hereu explicó la lógica del programa con una fórmula sencilla, “a más calificación, más incentivo”, y recordó que las 43 empresas reconocidas en la última edición acceden a él. Reclamó al Congreso la aprobación de la Ley de Industria, llamada a sustituir a la de 1992, y cerró con una declaración de intenciones hacia el sector: “sois modelo de la Europa que queremos”.
Lilisbeth Perestelo: 
