¿Qué pasó en las comunidades autónomas en 2020?

En año marcado por el covid-19, las CC.AA. han desarrollado en el marco de sus competencias una ingente labor sanitaria centrada fundamentalmente en intentar frenar la pandemia. Pero además de eso, también se han abordado otras cuestiones esenciales para el mundo de la farmacia. En este resumen se incluyen algunas de las más interesantes.

El año comenzó para las comunidades dentro de un tono habitual entre las relaciones entre los territorios y el Ministerio. En enero se preparaba el asalto al concurso de biosimilares que preparaba el Ingesa, que finalmente quedaría pospuesto hasta el final de la pandemia.

La necesidad de unificar los modelos farmacéuticos era otra de las cuestiones que se debatía. Mientras que por un lado se constataban importantes aumentos en la digitalización, sigue pendiente la unificación de los 17 modelos farmacéuticos y la necesidad de unificar criterios en la prestación, en cuestiones clave como la atención farmacéutica en residencias.

El mes de marzo vino a trastocar los planteamientos autonómicos en todos los niveles. Se decretaba el estado de alarma y todas las comunidades priorizaban la atención a la pandemia de covid-19.

A partir de ese momento se iniciaba la lucha conjunta contra el SARS-CoV2. Una lucha que se inició con una cierta falta de cohesión y que se vio muy lastrada en los primeros momentos por las diferencias en la gestión de la información y los datos.

A la gestión particular de cada territorio, donde el incremento de casos saturaba los recursos sanitarios, en medio de un país paralizado por el confinamiento, se unía una falta de coordinación que impedía una evaluación correcta de la situación.

El Gobierno decidía en abril eliminar el IVA del material sanitario para Covid-10 en el caso de las Administraciones Públicas; un mes en el que también se empezó a diseñar las fases con las que contaría la desescalada tras el confinamiento.

Mayo fue el mes de la desescalada. En medio de una bajada evidente, tanto de casos como de incidencia; todas las CC.AA. se aprestaban para salid de la fase 0; algo que finalmente no conseguiría Madrid y Valencia. Ello sirvió, en el caso, para aderezar una polémica de carácter político, entre el Gobierno de España y la Comunidad madrileña, que se ha mantenido latente a lo largo de todo el año.

No fue la única polémica, la consejera de Aragón Pilar Ventura, dimitía después de hacer unas polémicas declaraciones sobre los EPIs. No era la primera consejera víctima política de la pandemia, dos meses antes, la consejera de Canarias Teresa Cruz era cesada fulminantemente. En el caso de Aragón, Sira Ripollés pasó a Ser la máxima responsable sanitaria, mientras que en las islas ocupo la nueva plaza, Blas Trujillo.

Al margen de las cuestiones autonimicas, el Ministerio intentaba poner orden en la falta de homogeneidad de la información y procedía a dictar normas comunes sobre la elaboración de datos, a la vez que procedía a la requisa de material y a la distribución de test rápidos que permitieran complementar los diagnósticos por PCR.

Finalmente la desescalada avanzada y para finales de mes, toda España estaba ya en la fase 2, excepto Castilla y León, Madrid y una parte de Cataluña.

Junio, el mes de la ‘nueva normalidad’ venía marcado por las elecciones vascas y gallegas. En ambos casos no hubo cambios en el color político del Gobierno, pero sí en los responsables de las respectivas carteras de Sanidad. En el caso gallego, Feijoo, repetía gobierno y ponía al frente de la consejería de Salud a Julio García, que sustituye a Jesús Vazquez. Por su parte Urkullu en el País vasco reeditaba su alianza con el PSE y situaba al frente del departamento de Sanidad a Gotzone Sagardui en sustitución de Nekane Murga.

Ese mismo mes anunciaba la creación del nuevo hospital Isabel Zendal, como una opción de futuro ante nuevas pandemias y que tendría finalmente que ponerse en marcha mucho antes de lo esperado.

El mes se cerraba con un buen anuncio para las CC.AA. el Consejo de Ministros aprobaba la transferencia de 16.000 millones de euros para el plan de reconstrucción, de los cuales 9.000 iban directos a Sanidad.

Julio certificó para muchos el fin de la pandemia y la derrota del virus. Los casos bajaban hasta tal punto que Sanidad dejaba de publicar los datos del Covid-19 los fines de semana por la “evolución epidemiológica” y los sistemas sanitarios territoriales analizaban las claves  del Sistema Nacional de Salud para la era postCovid-19.

De Europa llegaban también datos positivos, España obtendrá finalmente más de 72.000 millones de euros en transferencias del Fondo de Recuperación.

Tras el parón de agosto, septiembre retomaba la actividad sanitaria con las comunidades y el Ministerio de Sanidad diseñando el plan de coordinación para iniciar la vacunación contra el Covid-19 en cuanto estas estuvieran disponibles, mientras que la intermitencia de los casos, que en ocasiones llevaba a confinar localidades enteras, como en el caso de Navarra, hacía pensar en una próxima segunda ola complicada.

El Consejo General volvía a ofrecer su colaboración y su presidente, Jesús Aguilar, animaba a las comunidades a incorporar a las oficinas de farmacia al cribado de casos de Covid-19.

En el ámbito más farmacéutico IQVIA presentaba su informe en el que estimaba en 49 millones de euros, el impacto de la nueva Orden de Precios de Referencia  en las farmacias.

Ante el cariz político que está tomando la gestión del Covid-19, a inicios del mes de octubre, las sociedades científicas pedían que la evidencia científica sustituya la discusión en la gestión de la pandemia. El ejemplo más claro de esta discusión política fue la polémica entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, que se saldó con la decisión del Ejecutivo central de ordenar el estado de alarma en la Comunidad durante 15 días.

Mientras las discusiones políticas subían de nivel, los nuevos casos se multiplicaban. A mediado de octubre había ya  al menos 11 comunidades Autónomas en nivel 3 o 4 según el documento de actuaciones coordinadas.

La semana siguiente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedía un nuevo estado de alarma, esta vez con una temporalidad de seis meses. El objetivo: dar a las CC.AA. una herramienta eficaz contra el Covid-19.

El estado de alarma salía adelante en el Congreso, mientras que la realidad epidemiológica en las CC.AA. evidenciaba que el país estaba ya en la segunda ola de la pandemia.

El anuncio de los Presupuestos Generales del Estado, en los que las partidas sanitarias, merced a las ayudas exteriores recibidas, se multiplicaba por 10 no acababa de relajar el ambiente de temor ante el nuevo escenario.

La situación no cambiaba en noviembre. El ministro Illa permitía por fin a las CC.AA. que usaran las farmacias para realizar test a la población, pero les pedía un plan concreto antes de llevarlo a cabo. Las comunidades incrementaban notablemente su presupuesto sanitario para 2021, gracias a las ayudas recibidas y obligados por una situación pandémica muy compleja, que con seguridad se extenderá al próximo año.

El año finalizaba con el incremento de casos y la llegada de las vacunas. Sanidad anunciaba su plan de vacunación, que se realizará en varias fases desde enero a verano y aseguraba que las vacunas, cuando llegaran serían seguras y se repartirían con equidad.

Diversos laboratorios confirmaban el éxito de sus ensayos clínicos de vacunas anti-covid y comenzaba la carrera por la autorización de uso urgente, para que los preparados llegaran antes a la gente.

Comunidades y Ministerio lanzaban también su plan especial para Navidad. Una medida que aporto un margen de consenso en el panorama de restricciones, pero que quedó superado con la posterior decisión del Consejo Interterritorial de permitir a cualquier comunidad endurecer las restricciones en función de su situación epidemiológica.

Madrid obtenía también su autorización para que las farmacias pudieran cribar casos de Covid-19 en zonas de alta indidencia.

No obstante el anuncio más importante fue la autorización de la vacuna de Pfizer-BioNtech por parte de la Comisión Europea para su aplicación en toda la UE.

El día 27 comenzaba la campaña en España, con algunas dificultades en el suministro, pero con un cierto optimismo moderado por parte de las autoridades sanitarias.

La vacuna lleva un ritmo de aplicación que aún no es la velocidad crucero esperada y sobre todo, el incremento de casos, hace prever que 2021, al menos en sus primeros meses, va a ser un año igualmente duro.

No todo es covid-19

No obstante, además de la gestión conjunta de la pandemia las CC.AA. también han realizado otras actuaciones, que si bien han quedado en un segundo plano ante el SARS-CoV2, resultan importantes. Estas son algunas de ellas.

Andalucia: Esta comunidad protagonizó uno de los eventos clave del mundo de la farmacia española al margen de la pandemia: La desaparición del modelo de subastas de medicamentos.

El Gobierno andaluz abrió el año con el objetivo de dar cumplimiento a una de sus promesas electorales más importante y cambiar el modelo de subastas de medicamentos vigente en la región.  "Queremos reformular el sistema de subasta, apostando por la compra centralizada", aseguraban fuentes de la Consejería. Aunque no especificaban si se referían a una mayor adhesión a la compra centralizada estatal, o la puesta en marcha de acuerdos marco a nivel autonómico.

El asunto de las subastas andaluzas abarcaría todo el año con altos y bajos hasta finalmente resolverse al filo de la negociación presupuestaria, y ya en el mes de diciembre.

En el último mes del año y tras un anuncio que no agradó al mundo de la farmacia, que considero que la propuesta inicial del Gobierno no resolvía muchos de los problemas de fondo, finalmente el 28 de diciembre, Andalucía aparca su modelo de subastas y su presidente, Juan Manuel Moreno, proclama el fin de un “recorte encubierto de derechos en Andalucía”.

El anuncio es muy bien recibido por la industria y la profesión farmacéutica. El presidente del Cacof, Antonio Mingorance, que fue reelegido en enero de 2020, aseguraba en diciembre que “los farmacéuticos han recuperado la gestión del medicamento, algo que les correspondía por ley y que por el sistema de subastas les fue arrebatado”; mientas que el secretario general de Aeseg, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda señalaba que, “hay un gran vencedor: el paciente y ciudadano andaluz”

Canarias: A primeros de año, el Gobierno canario decidió dejar suspendidas las ayudas al copago hasta conocer la postura del Gobierno de España en relación a esta cuestión. Los sucesivos anuncios realizados tras la conformación del Ejecutivo de Pedro Sánchez animarían a esta comunidad a publicar un decreto propio en favor de eximir a los pensionistas con rentas bajas de esta medida.

Sin embargo el gran asunto de esta comunidad sería el cese fulminante de la consejera Teresa Cruz, durante el inicio de la pandemia de Covid-19 en el mes de marzo. Casi tres meses pasarían antes de que su puesto fuera ocupado por Blas Trujillo, que ya fuera consejero de Función Pública y Trabajo,  y que justo antes de su nombramiento era el presidente del Consejo Económico y Social, de las islas.

Cataluña: La comunidad comenzó el año con un nuevo cambio en su estructura farmacéutica. Tras poco más de un año, Cataluña volvía a integrar el Área del Medicamento y Farmacia en una sola dirección, como estaba hasta el año 2019.

Cataluña, que fue una de las comunidades cuyo sistema de información de datos sobre la pandemia tuvo que modificarse, debido a que no se adaptaba a los criterios generales (como resultas de ello, hubo de incorporar 3.242 fallecidos que no había tenido en cuenta al inicio de la pandemia) y también fue una de las comunidades que no pudo pasar a la fase 2 junto al resto de territorios, durante la desescalada. Fue también uno de los territorios que materializó compensaciones para el personal del sistema sanitario y de las residencias.

La consejera de Salud, Alba Vergés anunciaba en agosto, un cambio de filosofía para el sistema público de salud catalán. Vergés anunció la elaboración de una Agenda de transformación que sirva para dar respuesta a "las necesidades emergentes de salud y sociales, así como el progresivo cambio de la relación entre el ciudadano y las administraciones públicas”.

Aprovechando el impulso derivado de la pandemia, por la que el el sistema se ha visto forzado a incrementar rápidamente las capacidades de vigilancia epidemiológica, diagnósticas y asistenciales, se quiere impulsar ahora una "estrategia transversal, que vaya más allá del ámbito sanitario y que incluye también el ámbito social", explicó. 

La realidad de la segunda ola de la pandemia obligará a posponer este proyecto, que también se ha planteado en otras comunidades.

Comunidad Valenciana: Tras unos años de subidas constante, la Comunidad Valenciana veía como 2019 se convertía en un año en el que era capaz de reducir el gasto farmacéutico. En febrero Valencia cerraba un acuerdo marco para medicamentos de esclerosis múltiple por 135 millones

El mundo farmacéutico fue especialmente activo en el apoyo a la Administración en el control de la pandemia de Covid-19. Desde los anuncios de los colegios oficiales provinciales y regional, para no generar alarma por el coronavirus y a confiar en las autoridades, hasta la colaboración abierta, fueron muchos los momentos los ofrecimientos de los farmacéuticos. Sin embargo, la respuesta de la Administración no fue la esperada. En junio, el Colegio Valenciano se quejaba del desprecio y hostigamiento de la Generalitat.

A pesar de ello los contactos se mantuvieron y en ese mismo mes, la  comunidad ponía a consultas el decreto de atención farmacéutica a residencias, el cual, una vez materializado fue bien acogido, aunque los COF podrían alegar.

El final de año traería también el anuncio por parte del Gobierno valenciano de la inclusión del Programa de Optimización Terapéutica en su legislación farmacéutica.

Madrid: La comunidad de la capital de España ha sido protagonista de grandes desavenencias con el Gobierno de España. Desde la falta de criterios técnicos para pasar de fase, en el mes de junio, hasta la imposición del estado de alarma en la segunda pandemia, Madrid y el Gobierno de España han protagonizado sonoros desencuentros.

En el lado positivo, la capacidad para convertir el IFEMA en un hospital o la creación más tarde del nuevo hospital de emergencias, han convertido también a la capital en una referencia en la gestión de la pandemia.

En el plano farmacéutico, el consejero Enrique Ruiz anunciaba a principios de año la creación de una ley de farmacia y el colectivo farmacéutico fue incluido dentro de los grupos priortarios para el test de coronavirus.

Uno de los momentos más sonados del año fue la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuertes, que fue sustituida por Antonio Zapatero, aunque con rango de viceconsejero, pasó a gestionar la dirección general y con ella, gran parte de la medidas de control que se impusieron a Madrid durante la pandemia. Pocos meses después Elena Andradas se convertía en la nueva directora general de Salud Pública y colaboradora estrecha de Zapatero en su gestión.

Madrid fue la primera comunidad que planteó la obligación de usar mascarilla para todos los ciudadanos. La medida fue calificada de innecesaria por el Ministerio en un primer momento, para después convertirse en conveniente y finalmente en obligatoria para todo el país.

Aragón: La comunidad aragonesa también se convirtió en protagonista de la pandemia cuando en el mes de mayo, su consejera de Sanidad, Pilar Ventura, se veía obligada a dimitir. En esa ocasión   no fueron problemas de gestión los que causaron su cese, sino unas manifestaciones sobre los EPIs que causaron la indignación de los profesionales.

La ginecóloga Sira Repollés sustituyó a los pocos días como la nueva consejera de Sanidad de Aragón

Galicia: El principal evento político que afectó directamente a la Administración gallega, al margen de las consecuencias del Covid-19, fueron las elecciones que se celebraron el 20 de junio en ese territorio.

El resultado final arrojó el triunfo del Partido Popular y la reelección de Núñez Feijoo como presidente de la Xunta. A los pocos meses, en la conformación del nuevo Gobierno, la cartera de Sanidad cambiaba y se convertía en nuevo consejero Julio García Comesaña, ex gerente del Área Sanitaria Vigo, en sustitución de Jesús Vázquez Almuiña.

País Vasco: La comunidad vasca también realizó comicios en 2020, en la misma fecha que Galicia. En esta ocasión la victoria electoral volvió a corresponder al PNV en minoría, que reeditó el acuerdo con el PSE que ya mantenía la pasada legislatura.

Al igual que en Galicia, la cartera de Sanitad cambio de depositario, en esta ocasión, la médico Gotzone Sagardui, sustituía a Nekane Murga.