Sanidad se apunta a ‘precios justos’ y cifra en 8.000 millones el sobreprecio

El Ministerio de Sanidad ha incluido entre las acciones a desarrollar en el marco de la transformación del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la era post covid-19, la fijación de precios de los medicamentos “basados en los costes de desarrollo y producción de los medicamentos y un beneficio razonable para estimular la innovación”, algo que han venido a denominar “precios justos”, en línea con la plataforma que ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular para regular los precios de los medicamentos.

El documento asegura que el gasto farmacéutico público, supone “más del 25% del gasto sanitario público total” y puede “poner en riesgo la estabilidad económica del sistema”. Además, considera que “este problema va a aumentar por los elevados precios que reclama la industria farmacéutica para los nuevos medicamentos”. Según las cifras que recoge, sin mencionar fuente ni metodología del cálculo “el gasto por sobre-precio (por encima de los costes de fabricación y de investigación) supone en España más de 8.000 millones de euros”. Según se indica, ese montante debería “revertir en el SNS para cubrir diferentes necesidades” sanitarias.

De este modo, se abandonarían los criterios de evaluación económica por los que aboga el Comité Asesor de la Financiación de la Prestación Farmacéutica y se regresaría al sistema de escandallo existente desde los años 80-90 del siglo pasado. Esta es una de las medidas que se han incorporado en un documento elaborado por el Ministerio de Sanidad, a partir de una ponencia de expertos y que bajo la denominación ‘Plan de acción para la transformación del Sistema Nacional de Salud en la era post covid-19’, un documento dinámico del que se ha filtrado su quinta versión.

El texto, además propone “evaluar sistemáticamente las prestaciones, tecnologías y medicamentos incluidos en la cartera de servicios del SNS con criterios de eficacia, efectividad, eficiencia, seguridad clínica ("No hacer") y equidad”, así como “integrar la evaluación económica como herramienta transversal para evaluar la eficiencia de las decisiones sanitarias”, excepto en la fijación de los precios.

Además, prevé el desarrollo de medidas de política farmacéutica “para garantizar la sostenibilidad del SNS como son potenciar la utilización de los medicamentos genéricos y biosimilares”, además de la ya mencionada forma establecer los precios de los medicamentos.

Por otro lado, se quiere “potenciar la economía de escala mediante las compras centralizadas y desarrollos conjuntos de interés común en el SNS”.

Estas son las principales medidas que se incluyen en el documento y que afectan de forma más directa al ámbito farmacéutico, pero también aborda cuestiones como la gobernanza del sistema ahondando en el término de ‘cogobernanza’ con el que se ha manejado la crisis del covid-19. Otros aspectos que propone es el modelo asistencial integrado con un modelo de atención a la comunidad, el fortalecimiento de la Salud pública, el rediseño de las relaciones con los profesionales, el impulso a la transformación digital e inteligencia del sistema; la investigación, innovación, economía del conocimiento con la salud como eje del sistema productivo o la suficiencia financiera del sistema.

Cogobernanza

“Se precisa la una reforma de la arquitectura institucional del SNS para promover que promueva la cooperación y coordinación entre los servicios de salud de las comunidades autónomas, entre ellos y con la autoridad que representa el Ministerio de Sanidad”, explica el documento sin citar al Consejo Interterritorial del SNS (CISNS) y la intención que mostró el Gobierno de convertirlo en conferencia sectorial en uno de los últimos reales decretos-ley de la crisis del covid-19.

A lo largo de este apartado, el escrito reclama una mayor estructura y recursos para el Ministerio de Sanidad. “Esa arquitectura se podría impulsar mediante un modelo innovador corporativo público que articule en sistemas de información para ese complejo entramado de funciones comunes, que tiene el sistema sanitario público, al tiempo que avanza en el despliegue de nuevos modelos funcionales de gobernanza, planteados como un proceso coparticipado de diseño y consolidación de espacios de cooperación y coordinación”, explica.

Tal y como se recoge en el texto, “el sistema de cogobernanza establecido durante el periodo de crisis pandémica se ha revelado como un mecanismo fructífero para tomar decisiones que afectan a la salud y a la economía”.

Además, entre las líneas estratégicas a impulsar en este ámbito, señala el impulso “a la transparencia, el buen gobierno y la evaluación de políticas públicas en salud”, así como el desarrollo de un “modelo de gestión pública basado en el valor, en la equidad, en la cohesión y en la eficiencia creciente” o avanzar en la incorporación de “instrumentos para incrementar la agilidad y la flexibilidad de respuesta en la gestión pública de organizaciones sanitarias”.

Con respecto a la transformación digital y la inteligencia del sistema, se explica que se trata de una “palanca fundamental para la transformación del SNS” que permitirán “acercar, facilitar y agilizar las formas no presenciales de relación entre pacientes y profesionales, añadiendo valor al tiempo dedicado, estableciendo un canal de seguimiento remoto longitudinal de los pacientes, la promoción de la salud y del autocuidado, así como un acceso fácil y seguro de la ciudadanía a su información sanitaria”.

En este ámbito, las líneas estratégicas definidas girarían en torno a “dotar al SNS con la financiación y el personal cualificado necesarios para implementar la Estrategia Digital del SNS”; garantizar el uso público y seguro de los datos, facilitando el acceso a la información de los pacientes en todo el territorio nacional”, así como “favorecer las alianzas internacionales con grandes entornos tecnológicos que atraigan inversión a nuestro país”.

En el documento también se aborda la necesidad de mejorar la financiación del SNS. “la necesidad de una financiación que crezca acompasadamente a la riqueza del país no es caprichosa”, asegura. Aunque no ofrece cifras objetivo de inversión, el sistema sí que indica que

La evolución del modelo territorial aconseja la implantación de herramientas potentes que garanticen e impulsen la equidad, la cohesión y la calidad de los servicios sanitarios. Para ello es necesaria una voluntad política clara y expresa de las principales fuerzas parlamentarias, pero también son imprescindibles herramientas técnicas y económicas compartidas por el conjunto del SNS (sistemas de información, de planificación, de evaluación por resultados, etc.).

Profesionales y ámbito privado

En el marco de las relaciones de los profesionales con el sistema señala que es necesario “fomentar una cultura de asunción de responsabilidades vs. la permanente reclamación o reivindicación de derechos”. Además, señala que es “preciso revisar fórmulas y modelos contractuales, mejorar la flexibilidad evitando la temporalidad excesiva y la precariedad en la contratación, siempre 19 teniendo en cuenta todas aquellas materias que necesariamente deban ser objeto de pacto y negociación colectiva”. En este ámbito también pretende apuntalar la dedicación exclusiva “y la no concurrencia con otros intereses, (…) evitando así la competencia desleal y algunos conflictos de interés que surgen de la práctica dual”.

En materia de formación continua asegura que “debe estar enfocada en las competencias y la calidad de las prácticas profesionales en todo el SNS, alejada de las influencias de la industria y localizada mayoritariamente en el ámbito público”.

El documento también aborda otras cuestiones como el abordaje, para su eliminación, se entiende, de la situación de las mutualidades con financiación pública directa (Muface, Mugeju e Isfas), así como revisar “la financiación indirecta mediante desgravaciones a seguros comerciales de salud”.

A este respecto cabe señalar que a lo largo de 33 páginas de documento solo en dos ocasiones hace referencia al ámbito privado. Una vez para alertar de un supuesto “riesgo importante de privatización de la información y las bases de datos generadas desde el sistema público de salud con la externalización de la codificación de procesos o de la gestión de bases de datos entre otros”. La otra para asegurar que busca “reforzar la colaboración público-privada con la industria farmacéutica y biotecnológica a través del ISCIII”, solo en el ámbito de la investigación.