La innovación farmacéutica que está llegando a la clínica requiere abordar sus procesos de financiación y fijación de precios de manera distinta a como se ha hecho hasta este momento. Estos cambios precisan de una visión diferente en la manera de hacer las cosas, para lo que sería necesaria una actualización regulatoria. Por otro lado, es imprescindible dotar a las áreas técnicas del Ministerio de Sanidad en el ámbito del medicamento (Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia y Agencia Española de Medicamentos) de más recursos humanos y técnicos para poder asumir las tareas adicionales que se requieren dada su creciente complejidad.
Éstas han sido algunas de las principales conclusiones alcanzadas en el Encuentro de Expertos ‘Modelos de precios y financiación de nuevas terapias’, que ha organizado Diariofarma en Madrid. En él, representantes de la Administración, de la política sanitaria, de la Universidad, de los pacientes y de la industria debatieron, con la moderación del director del periódico, José María López Alemany, sobre la política nacional de precios y su aplicación a las nuevas terapias, especialmente las de alto impacto terapéutico y económico. Se puede hablar, en este sentido, de un cierto consenso sobre la necesidad de avanzar en el desarrollo legislativo y de dotar de más recursos humanos el proceso de decisión.
En lo que respecta a las carencias en el ámbito normativo, Alberto Dorrego, socio del Departamento de Derecho Público Evensheds Sutherland, opinó que "se han roto ya todas las costuras de la legislación actual", a la que calificó como "obsoleta, porque no abarca realidades como las que ahora se nos han puesto encima de la mesa". "Utiliza una serie de mecanismos que están superados por la práctica y genera inseguridad y falta de credibilidad", señaló, y se quejó del amplio "componente de negociación", que asoció con "poca objetividad", además de los nuevos mecanismos de financiación, como riesgo compartido, techos de gasto, que no están contemplados en la legislación, lo que, a su juicio, "genera inseguridad jurídica".
Antonio López, subdirector general de Farmacia del Servicio Navarro de Salud, reconoció que "faltan algunas nociones" en este sentido, y que "se echa en falta ese decreto de precios y financiación", que lleva pendiente desde la etapa de Encarnación Cruz como directora general de Farmacia, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El que era secretario general de Sanidad por aquel entonces y recientemente elegido senador, Rubén Moreno, admitió que lo intentaron, pero que no lo pudieron sacar y afirmó que "es necesario" terminar el trabajo que se empezó. De cara a esa reforma, abogó por transitar a un modelo de fijación de precios que sea "dinámico, basándose en la evolución de los aspectos económicos y en aspectos terapéuticos".
En representación de la industria actuaba Javier Urzay, subdirector de Farmaindustria, quien opinó que la actual legislación "no es mala, sino insuficiente", y que los problemas se derivan, en realidad, de su aplicación, "lo que puede querer decir que faltan desarrollos reglamentarios o al menos algunas guidelines". Apuntó esta última posibilidad para dotar al marco de cierta "flexibilidad", frente a la rigidez de lo que llamó "el corsé normativo".
Para Urzay, lo fundamental es que los cambios sirvan para "mejorar el marco actual" y eso implica, según él, una modificación "objetiva, participativa y profesional". En cuanto a los asuntos concretos, abogó por que se reconozcan "los precios distintos para las distintas indicaciones", y opuso esta visión a la que incluía el borrador de decreto de precios y financiación, que hablaba, dijo, de que "la aprobación de una nueva indicación implicaría una bajada" de precio por el aumento de población a la que está dirigido. "Esto no siempre va a ser razonable", concluyó. Otro aspecto propuesto por la industria, en este caso por Concha Serrano, directora de Corporate Affairs, Health & Value de Pfizer, compañía que ha colaborado en la organización de este encuentro, es abordar tanto el pago por resultados como los pagos diferidos ya que va a haber terapias que requieran "pagos a tres o cinco años y el sistema no está preparado" para esta gestión.
Por su parte, Jesús María Fernández, ex diputado y experto en gestión sanitaria, consideró que la fijación de precio y financiación es solo una parte de todo el proceso relacionado con la gestión de la factura farmacéutica, y que la nueva regulación debe tener en cuenta "el ciclo de vida completo", proceso en el que introdujo "el periodo de protección de patentes, la llegada de la pérdida de esa protección, la necesidad de promover la competencia, con patente y sin patente, y cómo desinvertir en medicamentos que son obsoletos".
Agentes participantes en la fijación del precio
Durante el encuentro también se discutió la participación de los distintos actores en el proceso de fijación de precios. Concretamente, se habló de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) y la inclusión de todas las comunidades autónomas en el proceso de decisión, como había propuesto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF) y se trató en el último Consejo Interterritorial del SNS. Moreno consideró que esa medida "socava la confianza que debe presidir la relación entre administraciones" y opinó que, si entran todas las CCAA, "lo lógico sería que entraran los clínicos y los pacientes". Él se mostró a favor, no obstante, de "no meter a nadie más".
En cambio, tanto Jesús María Fernández, como Antonio López son partidarios de esa participación de todas las autonomías. El subdirector de Farmacia de Navarra recordó, en este punto, que las CCAA y mutualidades querían sentirse partícipes y cree, por tanto, que la decisión es "positiva". En cuanto a la posición de su comunidad autónoma, reconoció que lo han reivindicado siempre, "por las características fiscales propias".
Sobre la posibilidad de incluir a los pacientes apuntada por Moreno, cabe señalar la posición de Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), quien mostró, contra lo dicho por el que fuera portavoz de Sanidad del PP en el Senado, su comprensión por no formar parte de esa decisión, aunque opinó que su voz sí debe ser escuchada "en la definición de indicadores para determinar lo que es innovación y lo que no".
Crear una agencia independiente
Durante el encuentro se abordó también la posibilidad de crear una agencia independiente que emita recomendaciones para la decisión de precios y financiación, como hace el NICE en Inglaterra y cuestión que fue propuesta por la AiREF en su informe Spending Review. Francisco Martos, profesor de Farmacología Clínica de la Universidad de Málaga, opinó que esta decisión no es "técnica", sino que su dimensión es "político-social", por lo que lo adecuado es que se adopte en el seno de la CIPM. A esta tesis se apuntó también López.
Dorrego, en cambio, defendió que, de esta forma, "se podrían conseguir más medios", ya que, se trataría de que la agencia estuviera financiada con tasas, de modo que dejaría de depender de la disponibilidad presupuestaria. Tanto él como Moreno vieron consecuencias positivas en esta medida, aunque el ex secretario general de Sanidad reconoció la controversia que se podría generar cuando tocara oponerse a un dictamen positivo de la citada agencia.
En lo que coincidieron todos los presentes, no obstante, es en la falta de medios que acusan los encargados de la decisión, principalmente, en la que está especialmente involucrada la Dirección General de Farmacia. Si bien no se pone en duda la competencia y capacidad de las personas que actualmente están trabajando en esto, sí que es común la impresión de que hay falta de efectivos. La directora de Corporate Affairs, Health & Value de Pfizer, afirmó que "la gente Sanidad está desbordada", a lo que se suma el hecho de que "los nuevos medicamentos que vienen son complejos".
"Hay buenos profesionales en Sanidad, pero tienen que poder abarcar la cantidad de trabajo que esto requiere, teniendo en cuenta que en algunos casos se requieren profesionales superespecializados", concluyó Serrano, mostrando también sus dudas sobre si la creación de esa agencia externa podría contribuir a solventar estos problemas.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: