La Comisión de Sanidad del Senado ha aprobado este jueves el dictamen de la Proposición de Ley de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud. La iniciativa parlamentaria, que se tramita por el procedimiento de urgencia, salió adelante con 19 votos a favor de los grupos parlamentarios y diez abstenciones, lo que permite su elevación al Pleno de la Cámara Alta fijado para la próxima semana. El texto final persigue acabar con las disparidades territoriales en la realización de la denominada prueba del talón, aunque el proceso legislativo estuvo marcado por la introducción de enmiendas ajenas al diagnóstico precoz, como el blindaje del secreto en los precios farmacéuticos.
La nueva regulación establece un marco normativo estricto para que la cartera común de servicios del sistema público cuente con homogeneidad en todo el país. La disparidad actual provoca que los recién nacidos tengan acceso a diferentes niveles de detección de enfermedades raras o congénitas según la comunidad autónoma en la que residan. La norma subsana esta fragmentación al obligar a una revisión y actualización de las patologías analizables de forma uniforme. Esta evaluación científico-técnica deberá ejecutarse con una periodicidad mínima de un año, garantizando la incorporación ágil de nuevos biomarcadores según la evidencia científica disponible y criterios de coste-efectividad.
El debate sobre su financiación centró parte de la discusión en la comisión parlamentaria. El Grupo Popular sacó adelante una modificación para asegurar que los Presupuestos Generales del Estado consignen de forma obligatoria una financiación suficiente destinada a la implantación y sostenimiento de estos programas en las autonomías. Esta medida de tutela económica directa se topó con los recelos de las fuerzas políticas que sustentan al Gobierno central y causó la abstención de estos en la votación. Estas formaciones defendieron que la dotación financiera debe vehicularse a través de las transferencias ordinarias que ya regulan la cartera de servicios comunes del Estado, sin necesidad de generar excepciones legislativas en los presupuestos anuales. Según ha podido saber Diariofarma, en el pleno del próximo 9 de julio, el Grupo Socialista presentará una petición de veto con el objetivo de regresar al texto aprobado por el Congreso. No obstante, es probable que no prospere y que la aprobación definitiva de la norma quede a expensas de un nuevo paso por el Congreso de los Diputados.
El blindaje legal de los precios netos
Más allá del ámbito estrictamente clínico y de la unificación diagnóstica, la tramitación de esta proposición de ley arrastra una de las reformas estructurales más relevantes del sector farmacéutico en los últimos años. Durante su paso por el Congreso de los Diputados, una enmienda transaccional pactada por el Partido Socialista, el Partido Popular y Sumar modificó de forma directa la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Esta modificación introduce cambios drásticos en los artículos 97 y 106 del texto refundido con la finalidad de blindar por ley el carácter estrictamente confidencial de los precios netos de los medicamentos financiados por el erario público.
La reforma legal estipula que los precios finales derivados de las negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y los laboratorios farmacéuticos tendrán la consideración de información confidencial y reservada. Este blindaje afecta de igual modo a los descuentos específicos, las condiciones económicas especiales derivadas de techos de gasto o los modelos de riesgo compartido acordados en el seno de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. La confidencialidad legal prohíbe explícitamente la difusión de estos datos tanto a las estructuras de la administración pública como a las corporaciones farmacéuticas suministradoras, impidiendo que los precios reales sean accesibles a través de los mecanismos generales de transparencia.
Los defensores del mantenimiento del secreto comercial argumentan que se trata de una herramienta de sostenibilidad para el propio Sistema Nacional de Salud. Al proteger el precio neto real frente al precio de referencia internacional que emplean otros países, los laboratorios multinacionales muestran una mayor flexibilidad para aplicar rebajas sustanciales en España sin que afecte a sus mercados globales. Según las tesis oficiales, la publicidad obligatoria de estas cifras retraería la oferta de terapias innovadoras en el mercado nacional o retrasaría de forma indefinida su comercialización por parte de las farmacéuticas para evitar el impacto en sus cadenas de valor exteriores.
Críticas por la falta de debate técnico
Por el contrario, la opacidad de los acuerdos económicos genera fuertes críticas en formaciones políticas de la oposición y colectivos sociales, que denuncian una falta de control democrático sobre el uso de los fondos públicos sanitarios. Diversos sectores afean que una reforma de tal impacto para la gobernanza farmacéutica se introdujera de forma indirecta mediante enmiendas en un texto legislativo cuyo objeto principal es la sanidad neonatal. Esta maniobra parlamentaria evitó la apertura de un debate monográfico y especializado sobre la transparencia pública y la relación económica del Estado con la industria farmacéutica. A continuación se detallan las declaraciones de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que intervinieron durante el turno de portavoces en la Comisión de Sanidad del Senado, extraídas fielmente de la sesión parlamentaria:
El procedimiento legislativo acelerado empleado en la Cámara Alta también concentró los reproches de las minorías. Durante el turno de intervenciones, la senadora del Grupo Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, quien asumió la portavocía en la sesión en sustitución de la titular, lamentó la celeridad con la que se obligó a dictaminar el documento recibido desde el Congreso de los Diputados. La representante parlamentaria denunció un exceso de urgencia que desvirtúa las funciones del Senado como cámara de segunda lectura y de reflexión territorial, limitando la capacidad de análisis y corrección técnica de un articulado que modifica elementos nucleares de la gestión farmacéutica y de los programas de salud pública autonómicos. Las críticas a la senadora del PNV fueron rebatidas por Kilian Sánchez San Juan (Grupo Parlamentario Socialista) quien defendió firmemente la urgencia de la ley manifestando que "va a dar seguridad jurídica a los pacientes, va a dar seguridad jurídica al cumplimiento de los cribados neonatales en España y, sin lugar a dudas, va a ser el eje fundamental de la cohesión territorial".
Por su parte desde el PP, Antonia López Moya, a pesar del apoyo a la norma, centro sus críticas en que la ley cuente "con la financiación suficiente que garantice la equidad territorial". Puso en valor la gestión de las autonomías de su partido afirmando que "demuestra que el PP está en la buena dirección de mejorar la atención sanitaria" y citó como ejemplo pionero a la Región de Murcia, "que está realizando ya 49 pruebas desde el pasado mes de mayo, situándola junto a Galicia, Andalucía y Extremadura entre las más avanzadas en este ámbito". Carla Delgado Gómez (Grupo de la Izquierda Confederal): Defendió la gestión del Ministerio de Sanidad señalando que esta reforma de ley "se inscribe en dos años y medio de un trabajo duro, intenso, excelente". Destacó el avance cuantitativo frente a legislaturas anteriores al afirmar que "el ministerio ya había actualizado el programa de cribado tres veces en dos años, pasando de siete enfermedades obligatorias que llevaban desde 2014 sin moverse, a 21 enfermedades".
Francesc Xavier Ten Costa (Junts per Catalunya) mostró el apoyo explícito de su grupo señalando que Junts no se opone a la norma ni a "incorporar las enfermedades raras en la planificación sanitaria, a incluir el desarrollo de medidas preventivas, a garantizar un acceso equitativo a un diagnóstico oportuno, rentable y asequible". No obstante, situó el problema principal en el modelo de financiación del territorio catalán: "Nosotros creemos que el problema de fondo no es solo la formulación legislativa, sino que hay un problema de fondo en la financiación de la sanidad por lo que se refiere a Cataluña, que podría ser la causa primera de esta inequidad existente".
Tras la aprobación de este dictamen en sede de comisión, la Proposición de Ley de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal encara su fase final de tramitación en la Cámara Alta. El texto definitivo se someterá a debate y votación en el Pleno del Senado convocado para el próximo 9 de julio. Al haberse introducido correcciones técnicas y modificaciones en materia de asignación económica de las partidas, la ley deberá ser remitida de vuelta al Congreso de los Diputados para su ratificación definitiva en las semanas posteriores antes de quedar expedita para su publicación e inicio de vigencia en el Boletín Oficial del Estado.
Lilisbeth Perestelo: 
