La Comisión de Sanidad del Senado ha aprobado este jueves el dictamen de la Proposición de Ley de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud. La iniciativa parlamentaria, que se tramita por el procedimiento de urgencia, salió adelante con 19 votos a favor y diez abstenciones, entre otros del PSOE, lo que permite su elevación al Pleno de la Cámara Alta fijado para la próxima semana.
La introducción por parte del PP de una enmienda provocó la abstención del PSOE y hará necesario un nuevo paso por el Congreso de los Diputados para que la ley sea finalmente aprobada. De este modo, la relevante modificación de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, que blindaba la confidencialidad de precios y acuerdos de financiación de los medicamentos, tendrá que esperar para ser finalmente aprobada.
La nueva regulación establece un marco normativo estricto para que la cartera común de servicios del sistema público cuente con homogeneidad en todo el país. La disparidad actual provoca que los recién nacidos tengan acceso a diferentes niveles de detección de enfermedades raras o congénitas según la comunidad autónoma en la que residan. La norma subsana esta fragmentación al obligar a una revisión y actualización de las patologías analizables de forma uniforme. Esta evaluación científico-técnica deberá ejecutarse con una periodicidad mínima de un año, garantizando la incorporación ágil de nuevos biomarcadores según la evidencia científica disponible y criterios de coste-efectividad.
El debate sobre su financiación centró parte de la discusión en la comisión parlamentaria. El Grupo Popular sacó adelante una modificación para asegurar que los Presupuestos Generales del Estado consignen de forma obligatoria una financiación suficiente destinada a la implantación y sostenimiento de estos programas en las autonomías. Esta medida de tutela económica directa se topó con los recelos de las fuerzas políticas que sustentan al Gobierno central y causó la abstención de estos en la votación. Estas formaciones defendieron que la dotación financiera debe vehicularse a través de las transferencias ordinarias que ya regulan la cartera de servicios comunes del Estado, sin necesidad de generar excepciones legislativas en los presupuestos anuales. Según ha podido saber Diariofarma, en el pleno del próximo 9 de julio, el Grupo Socialista presentará una petición de veto con el objetivo de regresar al texto aprobado por el Congreso. No obstante, es probable que no prospere y que la aprobación definitiva de la norma quede a expensas de un nuevo paso por el Congreso de los Diputados.
El blindaje legal de los precios netos
Más allá del ámbito estrictamente clínico y de la unificación diagnóstica, la tramitación de esta proposición de ley arrastra una de las reformas estructurales más relevantes del sector farmacéutico en los últimos años. Durante su paso por el Congreso de los Diputados, una enmienda transaccional pactada por el Partido Socialista, el Partido Popular y Sumar modificó de forma directa la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Esta modificación introduce cambios drásticos en los artículos 97 y 106 del texto refundido con la finalidad de blindar por ley el carácter estrictamente confidencial de los precios netos de los medicamentos financiados por el erario público.
La reforma legal estipula que los precios finales derivados de las negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y los laboratorios farmacéuticos tendrán la consideración de información confidencial y reservada. Este blindaje afecta de igual modo a los descuentos específicos, las condiciones económicas especiales derivadas de techos de gasto o los modelos de riesgo compartido acordados en el seno de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. La confidencialidad legal prohíbe explícitamente la difusión de estos datos tanto a las estructuras de la administración pública como a las corporaciones farmacéuticas suministradoras, impidiendo que los precios reales sean accesibles a través de los mecanismos generales de transparencia.
Los defensores del mantenimiento del secreto comercial argumentan que se trata de una herramienta de sostenibilidad para el propio Sistema Nacional de Salud. Al proteger el precio neto real frente al precio de referencia internacional que emplean otros países, los laboratorios multinacionales muestran una mayor flexibilidad para aplicar rebajas sustanciales en España sin que afecte a sus mercados globales. Según las tesis oficiales, la publicidad obligatoria de estas cifras retraería la oferta de terapias innovadoras en el mercado nacional o retrasaría de forma indefinida su comercialización por parte de las farmacéuticas para evitar el impacto en sus cadenas de valor exteriores.
Críticas por la falta de debate técnico
Por el contrario, la opacidad de los acuerdos económicos genera fuertes críticas en formaciones políticas de la oposición y colectivos sociales, que denuncian una falta de control democrático sobre el uso de los fondos públicos sanitarios. Diversos sectores afean que una reforma de tal impacto para la gobernanza farmacéutica se introdujera de forma indirecta mediante enmiendas en un texto legislativo cuyo objeto principal es la sanidad neonatal. Esta maniobra parlamentaria evitó la apertura de un debate monográfico y especializado sobre la transparencia pública y la relación económica del Estado con la industria farmacéutica.
El procedimiento legislativo acelerado empleado en el Senado concentró parte de los reproches de las minorías. Durante el turno de portavoces, la representante del Grupo Vasco, Nerea Ahedo, lamentó la celeridad con la que se había tramitado el texto remitido por el Congreso. “Esta proposición de ley llegó por urgencia, pero la hemos tramitado con un exceso de urgencia”, señaló, antes de advertir de que el Senado corre el riesgo de convertirse “no en una cámara de segunda lectura, sino en una cámara justo de corrección gramatical”. A su juicio, ese ritmo dificulta estudiar a fondo una norma que su grupo considera relevante, aunque defendió la importancia de garantizar un cribado neonatal amplio, actualizado y de calidad.
Frente a esas críticas, Kilian Sánchez San Juan, del Grupo Parlamentario Socialista, defendió la justificación del trámite urgente. El senador sostuvo que la proposición de ley permitirá reforzar la evaluación periódica del programa de cribado neonatal y dará “seguridad jurídica a los pacientes” y al cumplimiento de los cribados neonatales en España. Además, la situó como “el eje fundamental de la cohesión territorial en el cribado neonatal de las enfermedades raras”.
Por su parte, Antonia López Moya, del Grupo Popular, apoyó las medidas orientadas a reforzar la equidad, la calidad y la universalidad del cribado neonatal, aunque centró sus críticas en la necesidad de que la norma cuente con “la financiación suficiente que garantice la equidad territorial”. La senadora defendió la gestión de las comunidades autónomas gobernadas por su partido y afirmó que ello “demuestra que el PP está en la buena dirección de mejorar la atención sanitaria”. Como ejemplo, citó a la Región de Murcia, que, según señaló, realiza ya 49 pruebas desde el pasado mes de mayo, junto a Galicia, Andalucía y Extremadura, entre las comunidades más avanzadas en este ámbito.
Carla Delgado Gómez, del Grupo de la Izquierda Confederal, defendió la gestión del Ministerio de Sanidad y enmarcó la reforma en “dos años y medio de un trabajo duro, intenso, excelente”. La senadora destacó que el Ministerio había actualizado el programa de cribado tres veces en dos años, al pasar de siete enfermedades obligatorias, que llevaban sin modificarse desde 2014, a 21 enfermedades. También defendió que la ley consolida y da garantía legal a un ritmo de trabajo que, según afirmó, el Ministerio ya venía realizando.
Desde Junts per Catalunya, Francesc Xavier Ten Costa mostró el apoyo de su grupo a la proposición y señaló que Junts no se opone a incorporar las enfermedades raras en la planificación sanitaria, incluir medidas preventivas ni garantizar un acceso equitativo a un diagnóstico oportuno, rentable y asequible. No obstante, situó el problema principal en la financiación sanitaria de Cataluña. “El problema de fondo no es solo la formulación legislativa, sino que hay un problema de fondo en la financiación de la sanidad por lo que se refiere a Cataluña, que podría ser la causa primera de esta inequidad existente”, afirmó.
Tras la aprobación de este dictamen en sede de comisión, la Proposición de Ley de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal encara su fase final de tramitación en la Cámara Alta. El texto definitivo se someterá a debate y votación en el Pleno del Senado convocado para el próximo 9 de julio. Al haberse introducido correcciones técnicas y modificaciones en materia de asignación económica de las partidas, la ley deberá ser remitida de vuelta al Congreso de los Diputados para su ratificación definitiva en las semanas posteriores antes de quedar expedita para su publicación e inicio de vigencia en el Boletín Oficial del Estado.
Lilisbeth Perestelo: 
