Castilla y León: PP, PSOE y Podemos muestran sus diferentes enfoques en política sanitaria para el 26M

Castilla y León es otra de las comunidades con proceso electoral el próximo 26 de mayo. Allí, las encuestas han comenzado a dar como posible un Gobierno del PSOE, después de años de hegemonía popular, aunque parece que al partido cuya lista está encabezada por Alfonso Fernández todavía le queda una opción de mantenerse, la cual dependería del apoyo de Ciudadanos que, como es sabido, está liderado en esta región por el ex portavoz de Sanidad en el Congreso, Francisco Igea. Precisamente, en materia de sanidad, y también en farmacia, se aprecian algunas diferencias entre los programas de PP, PSOE y Podemos, que son los únicos que estaban accesibles en el momento del cierre de esta información.

Así, la candidatura de Fernández defiende su "compromiso con una sanidad pública, universal y gratuita", sin renunciar "al papel complementario que aporta la sanidad privada al Sistema de Salud, siempre sometida al control público que garantice la calidad y la eficiencia de las prestaciones". El PSOE, cuyo candidato a la Presidencia en Castilla y León es Luis Tudanca, apuesta por un "modelo sanitario basado en la gestión pública", que garantice el derecho a recibir asistencia sanitaria a "todas las personas que residen en el territorio", y, en una línea similar, la alianza Podemos Equo, liderada por Pablo Fernández, propone "defender de forma proactiva la naturaleza y gestión
pública de los servicios sanitarios", aunque va más allá al reclamar el fin "del modelo público-privado, suprimiendo las privatizaciones y los conciertos con entidades privadas, e instando al Gobierno de España a presentar un proyecto de ley para derogar la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud". En cuanto a la filosofía de la gestión de unos y otros, son comunes las alusiones a la participación de los profesionales y la transparencia, así como a la profesionalización (solo común a PP y PSOE, ya que Podemos no hace alusión esta cuestión) o la suficiencia presupuestaria.

Precisamente, a la cuestión de la financiación dedican los partidos espacios destacados. El PP se compromete explícitamente "con la financiación del sistema sanitario de Castilla y León, para mantener y mejorar los recursos económicos dedicados a la sanidad y reivindicar del Gobierno de España una financiación adecuada a las necesidades de nuestra población y a nuestras características territoriales". Además, prometen "asignar a la Sanidad al menos el 43% de los recursos disponibles por las consejerías".

Por su parte, el PSOE apuesta, de forma general por un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias en materia de sanidad, educación y servicios sociales, y, en este sentido, intentarán la reforma del Estatuto de Autonomía para conseguir garantizar suelo de inversión social equivalente al 12% del PIB, para asegurar "que los ciudadanos, especialmente para los más necesitados", disponen de una sanidad de calidad. Este objetivo implica conferir a los derechos sociales "el máximo rango normativo". Ambos partidos cuantifican lo que, en su opinión, sería al mínimo recomendable para mantener una Atención Primaria en estándares de calidad aceptables: 20% en el caso del PP; 25% en el caso del PSOE.

Podemos-Equo comparten la visión con el PSOE relacionada con el derecho a la salud, que debería incluirse, apuntan, como "un Derecho Fundamental recogido en la Constitución", lo que garantizaría su obligado blindaje. En cuanto al nivel de fondos, la formación morada y verde se preocuparía de "dotar a la sanidad pública con los efectivos humanos y materiales necesarios para convertir la prevención en el eje de la Atención Primaria", la cual debería aglutinar, "al menos, el 25% del total del presupuesto de Sanidad".

Por último, cabe destacar, en materia de gestión, la apuesta tecnológica que parecen defender tanto PP como PSOE. Los populares hacen referencia directa a la implantación de la telemedicina, remarcando su utilidad en la asistencia a zonas rurales, y también al uso de las TIC para conectar niveles asistenciales, mientras que los socialistas abogan por "desarrollar sistemas de automatización que permitan integrar, en la historia de salud
digital, la cartera de servicios actualizada y renovada, las recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud, los protocolos de actuación y las guías farmacoterapéuticas de área, así como los protocolos para el desarrollo de las competencias enfermeras de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos".

Sobre la prestación farmacéutica

En materia de prestación farmacéutica, la opción más rupturista, como suele ser habitual, es la de Podemos-Equo, desde donde se apuesta, en el marco de la normativa internacional sobre propiedad intelectual, "fabricar genéricos sin pedir la autorización de la transnacional farmacéutica", en clara alusión a la aplicación de licencias obligatorias que eximen a los estados del cumplimiento de las patentes por motivos de salud pública. Para esta formación, es una obligación alcanzar "precios justos para las patentes registradas por laboratorios que reciban financiación pública". Además, abogan por "aumentar el presupuesto público en investigación sanitaria para disminuir la dependencia de la investigación castellano y leonesa de las grandes compañías farmacéuticas".

El PSOE no alude a cuestiones relacionadas directamente con el control del gasto, y da una de cal y otra de arena a la industria. Por un lado, defienden que la "formación continuada" de los profesionales sanitarios sea "organizada y/o financiada al margen de la industria farmacéutica (congresos, reuniones, sesiones, charlas, etc.), para evitar la asociación inevitable a sus promociones comerciales, etc.". No obstante, reconocen la proyección "cada vez mayor" de este sector en la región, reconociendo que "la biotecnología y la biomedicina tienen mucho que aportar en el panorama castellano y leonés".

Sí hace apuntes en materia en relación con el control del gasto farmacéutico el PP, que apuesta por "la centralización de la contratación de los servicios y suministros sanitarios de mayor relevancia", la "incorporación de modelos de riesgo compartido o de pago por resultados en la compra de medicamentos, tecnología y otros suministros sanitarios", y el "desarrollo de la contabilidad analítica en los centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, incorporando el coste por paciente, lo que permitirá mejorar la relación coste/efectividad de los procesos
asistenciales".

Los populares, además, incorporan en su programa "el desarrollo de un calendario vacunal para la población infantil y adulta" y su actualización "de acuerdo a las evidencias científicas aceptadas y consensuadas por los expertos en salud pública" (cabe recordar, a este respecto, la polémica suscitada por la decisión del Gobierno autonómico en funciones por incluir unilateralmente la vacuna antimeningocócica para los serogrupos W, Y, C y A, sin esperar a la decisión de la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas el resto de regiones), y anuncian como medida, si gobiernan, la "incorporación de la vacuna contra el meningococo B, para que toda la población tenga acceso a la misma independientemente de los recursos económicos de la unidad familiar".

El papel de las oficinas de farmacia

Finalmente, cabe subrayar las alusiones del PP y el PSOE al papel que deben jugar las oficinas de farmacia en el sistema sanitario castellano-leonés. Así, el grupo liderado por Fernández promete "facilitar la coordinación entre las oficinas de farmacia comunitarias y los centros de salud, especialmente en el desarrollo de medidas para mejorar la adherencia a los tratamientos", mientras que la candidatura encabezada por Tudanca propone "potenciar el papel de los farmacéuticos de Atención Primaria en su labor de formación y apoyo a los profesionales en el uso racional, eficiente y seguro de los medicamentos, así como en la revisión de los tratamientos de los pacientes institucionalizados en la comunidad".

Los socialistas también apuestan por definir "protocolos de colaboración entre los Equipo de Atención Primaria y los
farmacéuticos comunitarios, con la coordinación del farmacéutico de Atención Primaria, para la conciliación de la medicación, la optimización de la farmacoterapia, el aumento de la seguridad y efectividad de los tratamientos, la mejora de la adherencia y la reducción de la utilización inadecuada de los medicamentos".