Quien diga que 2017 ha sido un año de parálisis política en materia de farmacia, miente. La prueba está en este repaso que hemos hecho en Diariofarma sobre lo acontecido a lo largo del ejercicio que acaba de terminar. La propuesta del Pacto por la Sanidad, el debate abierto, en España y en Europa, sobre el acceso a la innovación, la elección de la nueva sede de la EMA, la llegada de Encarnación Cruz a la Dirección General, la polémica en torno al convenio de Sanidad y Hacienda con Farmaindustria, el XXV Convenio de Farmacia o la aplicación de los test de proporcionalidad a las regulaciones sobre las profesiones sanitarias... Todos estos temas y algunos más, en un año que, si bien no ha tenido grandes modificaciones normativas, nos ha tenido a todos muy entretenidos.
Enero
El año 2017 comenzó con una polémica suscitada a raíz de unas declaraciones de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que abría la puerta a la aplicación de nuevos tramos de copago. El PSOE en bloque rechazó el planteamiento y Montserrat aclaraba días después que sólo era una posibilidad que se estaba estudiando, la cual fue finalmente desechada.
También en enero, el Grupo Popular en el Senado presentó una Proposición No de Ley en la que instaba al resto de fuerzas políticas a alcanzar un Pacto por la Sanidad, aunque se atisbaban ya diferencias entre los diferentes grupos políticos. Era la respuesta a la oferta iniciada por el portavoz del PSOE, José Martínez Olmos, que abrió la puerta a avanzar para alcanzar ese acuerdo.
PP, Gobierno y PSOE abren la puerta a un Pacto por la Sanidad en el Senado
Por aquellas fechas, el Tribunal de Cuentas recomendaba a la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia el establecimiento de pautas y criterios a seguir tanto en la evaluación de la utilidad terapéutica y farmacoeconómica, como en el proceso de negociación con los laboratorios, entre otras medidas. El por entonces director general, Agustín Rivero, rechazaba cualquier metodología diferente al coste-efectividad y el impacto presupuestario, que, según él, ya se venían empleando.
El Tribunal de Cuentas pide a Sanidad procedimientos para las evaluaciones
En el mismo mes, FEFE, Fenofar y UGT firmaban el XXV Convenio de Farmacia, firma de la cual se habían autoexcluido el resto de sindicatos (CCOO, UTF y Fetrafa) por discrepancias con UGT. El convenio sería recurrido ante la Audiencia Nacional, que dio por válida la constitución de la mesa, y ante el Tribunal Supremo. El pronunciamiento del TS se espera para febrero de 2018.
Para finalizar, cabe recordar el anuncio del secretario general de Sanidad, José Javier Castrodeza, respecto de la continuidad del Plan de la Hepatitis, ampliando así el tratamiento a pacientes con grados inferiores de fibrosis.
También en este primer mes del año el Grupo Popular en el Congreso registró una Proposición No de Ley para instar a la firma de un acuerdo marco con las asociaciones de pacientes, de modo que se les diera voz en la toma de decisiones.
Febrero
A comienzos del mes, Montserrat rechazaba en el Senado la petición de País Vasco y Navarra de participar en la Comisión Interministerial de Precios de forma permanente. Sin embargo, en mayo, tras algunas peticiones más, se le daría un sillón adicional a las CCAA, que pasarían a tener tres en lugar de dos. No obstante, se le concedió un representante más, también, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Cartera Básica y Farmacia.
Ese mismo mes, Diariofarma entrevistó a los portavoces de Sanidad en el Senado del Grupo Socialista, José Martínez Olmos, y Podemos, Contxi Palencia, así como al portavoz del ramo de Ciudadanos en el Congreso, Francisco Igea, para conocer sus posturas con respecto a la posibilidad de alcanzar un gran Pacto por la Sanidad. Los dos primeros presumían dificultades para llegar a un gran acuerdo, mientras que Igea mostraba la buena disposición de su Grupo. De aquí al final de año no se produjo ningún avance, más allá de los continuos llamamientos por parte del Gobierno y del Grupo Popular.
“Hay que trabajar en el diagnóstico que, de momento, no es compartido”
También se produjo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, que quitaba la razón a los que reclamaban intereses de demora tras haber renunciado a ellos para cobrar a través del mecanismo extraordinario que habilitó el Gobierno.
El portavoz del Grupo Socialista en el Senado, José Martínez Olmos, interpelaba a la ministra de Sanidad sobre los planes del Gobierno en materia de medicina genómica, y solicitaba, a través de una moción, la creación de una ponencia de estudio, que fue aprobada en marzo y ha arrancado en estos días.
En el apartado de las reclamaciones sectoriales al Gobierno hay que destacar la que hizo la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), que, apoyada en los datos de evolución de este segmento, pedía medidas, como el diferencial de precio, para revitalizarlo. Las reivindicaciones se sucederían a lo largo del año.
A poco de terminar el mes, saltó la polémica por la tributación de los sanitarios que recibieran pagos de la industria en concepto de formación, y el PSOE se quedó solo en la derogación del Real Decreto de prescripción enfermera, aunque de ahí nacieron los avances posteriores.
Marzo
El mes arrancaba con el éxito de la eurodiputada socialista, Soledad Cabezón, que lograba la aprobación por parte del Europarlamento, casi por unanimidad, del ‘Informe sobre las opciones de la Unión para mejorar el acceso a los medicamentos’, el cual lideró. El documento suponía una respuesta a la preocupación por los altos precios. Días después, la OCDE lanzaba una consulta pública para recoger ideas para combinar acceso a la innovación y sostenibilidad del gasto público.
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La Comisión Nacional de Mercados y Competencia iniciaba un estudio sobre el mercado de distribución mayorista y la comercialización de medicamentos en España, derivado de supuestas restricciones a la competencia. No obstante, no se desprendieron acciones del citado análisis.
En marzo comenzó también a tomar cuerpo la candidatura de España a acoger la EMA, tras unas declaraciones del secretario general de Sanidad, José Javier Castrodeza, que llamaba a la unidad para que el país fuera un candidato sólido. Días más tarde, el consejero de Sanidad de Cataluña, Antoni Comín, presumía que Barcelona tenía opciones reales de albergar la sede.
Por último, cabe destacar la decisión de la Dirección General de Empleo de no publicar el XXV Convenio de Farmacia y remitirlo de vuelta a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, al no cumplir éste los requisitos de legitimación.
Empleo devuelve el XXV Convenio de Farmacia a la Audiencia Nacional
Abril
Abril fue, entre otras cosas, el mes de la convergencia entre patronales de la industria en todas sus vertientes. Aeseg, Anefp, Asebio, Biosim, Farmaindustria y Fenin anunciaron la constitución del Foro de Industrias Biomédicas, cuyo fin será el de impulsar políticas que sirvan para desarrollar el mercado de los medicamento y los productos sanitarios.
También entonces el Gobierno dejó entrever, a través de los Presupuestos, sus prioridades en materia farmacéutica. Entre ellas, convertir a la Aemps en referencia en la evaluación de medicamentos e incorporar a los pacientes en sus decisiones, una medida que fue aplaudida por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y por Farmaindustria. La patronal también agradeció el anuncio de un nuevo Real Decreto de estudios postautorización.
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El Grupo Socialista, a través de su portavoz de Sanidad en el Senado, José Martínez Olmos, se mantuvo bastante activo en este mes, reclamando al Gobierno, por un lado, información sobre sus planes para incorporar la innovación de alto impacto, pidiendo incluso la comparecencia del secretario general de Sanidad, José Javier Castrodeza. Además, Martínez Olmos volvió a la carga con la prescripción enfermera, preguntando al Ejecutivo si contemplaba su modificación, y reclamó información sobre futuras medidas para impulsar los medicamentos genéricos, a lo que se había comprometido en una jornada organizada por Diariofarma con motivo del 20º aniversario de las primeras EFG.
En su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso para explicar los Presupuestos, Castrodeza recibió las críticas del Grupo Socialista y de Unidos Podemos. Estos partidos consideraban insuficientes los fondos que se iban a destinar para compensar a las comunidades autónomas por la asistencia de pacientes derivados de otras regiones, y también los recursos para evaluar medicamentos y negociar precios con la industria, en plena polémica por los altos costes. Ambas agrupaciones presentarán enmiendas posteriormente reclamando el incremento de las cuantías.
Mayo
Comienza el mes con la portavoz de Sanidad de Unidos Podemos, Amparo Botejara, reclamando la extensión de los tratamientos para la hepatitis C a pacientes con grados de fibrosis menos avanzados, y sigue con el anuncio del nombramiento de Encarnación Cruz como nueva directora de Cartera Básica del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad, en sustitución de Agustín Rivero. Días más tarde, el Gobierno confirmaba que Cruz pasaría a asumir también la coordinación de la red de organismos públicos de evaluación de tecnologías, prestaciones y servicios sanitarios.
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Además, en este mes publicábamos varias informaciones relacionadas con los medicamentos biosimilares: el lanzamiento de una guía de la EMA y la Comisión Europea (CE) que establece que las diferencias de éstos con los biológicos de referencia “no son clínicamente significativas”, así como las conclusiones de un informe de la CE, elaborado por IQVIA (entonces QuintilesIMS), que mostraba la incidencia de estos productos sobre el precio de los medicamentos (descuentos del 10 al 60%) y, por tanto, en la mejora del acceso. También reflejaba que España está por debajo de la media europea en cuanto a la penetración de estos productos, exceptuando el caso de los tratamientos para la fertilidad y la diabetes.
En el mismo mes, Unidos Podemos presentó una Proposición No de Ley para pedir que el Gobierno suscriba el Informe del Panel de Alto Nivel de Acceso a Medicamentos de Naciones Unidas, dando así continuidad a la petición de una Subcomisión para evaluar la cuestión del acceso. Por su parte, el Grupo Popular abría la puerta a la modificación del RD de prescripción enfermera, tras presentar una enmienda de sustitución a una PNL del Grupo Socialista en el Senado, la cual fue aceptada por los socialistas. La enmienda incluía trasladar la cuestión al Foro Profesional.
También en mayo terminó de aclararse la controversia por la tributación de los profesionales sanitarios por los pagos de la industria en concepto de formación. Hacienda se comprometió a clarificar la fiscalidad y a que no se tributara por ello en el IRPF, una salida que satisfizo a Farmaindustria y también al Grupo Popular y Ciudadanos, que habían votado al unísono a favor de una PNL presentada en el Congreso que llamaba a la exención.
Hacienda se compromete a que la formación médica no tribute en el IRPF
Finalmente, cabe destacar la celebración de una reunión entre la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el consejero de Salud de Cataluña, Antoni Comín, y el segundo teniente alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, con representantes de la sociedad civil, para impulsar la candidatura de Barcelona para albergar la EMA, encuentro en el que se acordó la creación de un Comité de Apoyo, con integrantes del sector, para acometer dicho reto.
Junio
El día 1 de junio se producía la decisión de la Audiencia Nacional de dejar paralizada la causa abierta en torno al XXV Convenio de Farmacia, que le había sido devuelto por la Dirección General de Empleo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo.
No obstante, el tema del mes va a ser, sin duda, el de los precios de los medicamentos. Lo muestra la reclamación, por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios, de una financiación selectiva y transparencia en precios; la movilización frente al Congreso de la campaña ‘No es sano’, pidiendo prioridad para la Subcomisión sobre acceso a los medicamentos en la Comisión de Sanidad del Congreso; pero también la celebración del Capítulo Español de Ispor, donde se pidió la utilización de la evaluación económica por parte de la Comisión de Precios de los Medicamentos, la transparencia en sus decisiones y procedimientos, así como una mayor participación de las autonomías.
Ese mismo mes, además, se supo que las comunidades autónomas querían aprovechar la próxima reunión de la Comisión Delegada de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS para agilizar la tramitación del Real Decreto de Precios y Financiación de los Medicamentos. Asimismo, se produciría el registro, por parte del Grupo Socialista en el Senado, de una pregunta centrada en la negociación del coste de los tratamientos para la hepatitis C, unos tratamientos por los que se interesó también Unidos Podemos, que preguntó al Gobierno por la aplicación de los mismos en Prisiones.
Finalmente, cabe destacar las intenciones mostradas por Sanidad para, a través de la modificación del reglamento, hacer vinculantes las decisiones del CISNS. No obstante, varias autonomías se mostraron contrarias al planteamiento por una supuesta invasión de competencias.
Varias CCAA rechazan el reglamento del CISNS; Sanidad buscará consenso
Julio
El mes de julio arrancó con un informe de economistas de la London School of Economics y la Universidad Pompeu Fabra, para el que contaron con el apoyo de Gilead, el cual cuestionaba profundamente el sistema de fijación de precios y reembolso por falta de consistencia y de transparencia, y remarcaba la incapacidad del Gobierno español para sacar adelante el RD de precios y financiación.
Pocos días después, Diariofarma da cuenta de los avances de la Aemps con el Real Decreto de estudios postautorización. ¿El objetivo? Garantizar el rigor científico de los mismos. También informábamos de los inicios del trámite de audiencia del Proyecto de Real Decreto que se iba a aprobar para eximir a los sanitarios de tributar por los pagos de la industria en concepto de formación.
No menos importante fue el anuncio, por parte de las autoridades de España y Portugal, de la puesta en marcha de un proyecto piloto para la compra conjunta de biosimilares, así como las primeras instrucciones de la Aemps para aplicar la normativa de verificación, a la espera de la aprobación de un nuevo RD.
En el terreno de las amenazas para el sector, cabe recordar la alerta que se comenzó a generar en torno a la Propuesta de Directiva relativa al test de proporcionalidad, que podría alterar la regulación sobre el ejercicio de las profesiones sanitarias que aplican los Estados miembro, y que volvía a poner al modelo español de farmacia en el punto de mira.
El modelo español de farmacia vuelve a estar en el punto de mira de la CE
En este mes también afloraron varias sentencias del Tribunal Supremo, dando la razón a las compañías que habían reclamado por las órdenes de precios de referencia que utilizaban el código ATC para establecer los conjuntos.
Agosto
En agosto, como suele ser habitual, volvió la sequía informativa, aunque ésta no fue total. Y es que el Gobierno presentaba entonces de forma oficial la candidatura de Barcelona como sede de la EMA.
El Gobierno presenta oficialmente la candidatura de Barcelona a la EMA
También durante este mes se produjo la defensa, por parte de Farmaindustria, de la igualdad de precio entre marcas y genéricos porque, decían, permite la libre competencia entre unos y otros, visto que los precios de referencia producen bajadas automáticas y los ahorros estarían asegurados.
Septiembre
Este mes comienza con la petición, por parte del Grupo Socialista en el Congreso, de la convocatoria urgente de un pleno del CISNS monográfico sobre financiación autonómica, ante las quejas de las CCAA con respecto a la falta de recursos para atender la creciente demanda. Finalmente, PSOE y PP votan a favor de una moción del primero de estos Grupos en el Senado en este mismo sentido, el de convocar un Pleno del CISNS sobre este tema. El PSOE cuantificaba el déficit de financiación en unos 8.000 millones de euros.
En este periodo, el Gobierno hizo público el balance de aplicación del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, con más de 81.000 pacientes tratados entre enero de 2015 y junio de 2017.
Durante este mes vieron la luz también las conclusiones de un informe de QuintilesIMS (ahora IQVIA) centrado en las alternativas para que la innovación no siga desplazándose de la oficina de farmacia al hospital. Una de las alternativas pasaba porque fuera la Administración la que adquiriese los medicamentos y farmacia y distribución fueran remunerados por sus servicios, un modelo que genera discrepancias entre los mayoristas, más abiertos, y los representantes de la farmacia, que se resisten al cambio por miedo a que pueda suponer un primer paso para cambiar el modelo.
En esos días, la nueva directora general de Farmacia, Encarnación Cruz, participaba en el encuentro anual que organiza Farmaindustria en Santander y desgranaba algunas de las decisiones y medidas que quería poner en marcha. Por un lado, anunciaba una revolución en la fijación de precios de los fármacos, ajustándolos al valor real e impidiendo el juego de ofertas y contraofertas de las compañías. No obstante, avanzaba que el RD de precios y financiación de medicamentos se retrasaría, aunque se seguiría adelante con la parte que afecta a productos sanitarios. Finalmente, se comprometía con el impulso de genéricos y biosimilares, a la vez que anunciaba un marco más favorable para la innovación incremental.
Encarna Cruz anuncia una revolución en la fijación de precios de fármacos
En relación con los precios de los tratamientos, la OMS publicaba un informe, ‘Fair Pricing Forum’, resultado de un encuentro organizado por el Ministerio de Sanidad holandés, definiendo un precio justo como aquel que asegura un retorno a la inversión sin arruinar a los sistemas sanitarios. En el Parlamento español, Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos votaban a favor de una PNL de la primera de estas formaciones que instaba al Gobierno a suscribir el Informe del Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas, que iba en un sentido similar.
Por último, cabe destacar la celebración, por parte de la Vocalía de Farmacia Hospitalaria del CGCOF, de una jornada sobre verificación en los hospitales, en la que los farmacéuticos hospitalarios mostraron su disconformidad con el modelo tal cual se ha planteado, por las dificultades para su aplicación en este canal y por su escasa aportación en materia de seguridad si no se procede a la identificación de las dosis unitarias.
Octubre
En octubre, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), hizo públicos los documentos remitidos a la Comisión Europea en relación a las candidaturas presentadas para albergar su sede. Barcelona cumplía bien con los requisitos técnicos exigidos para garantizar la continuidad de la actividad.
Además, en sendos encuentros organizados por MSD y la Fundación Instituto Roche, varios expertos dieron algunas claves para avanzar, a nivel político, en la adopción de una estrategia en medicina de precisión, incluyendo el desarrollo de un marco legal específico.
En otro orden de cosas, cabe recordar el debate realizado en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública del Parlamento Europeo, que concluyó con el posicionamiento de la misma a favor de la exclusión de las profesiones sanitarias de la aplicación de la Directiva sobre los test de proporcionalidad.
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Al final del mes, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes anunció la firma de un acuerdo marco con el Ministerio de Sanidad, de modo que pudieran participar en la toma de decisiones. De hecho, avanzaron que se había decidido su inclusión en el Consejo Consultivo del CISNS.
Noviembre
Diariofarma inicia este mes político con el anuncio de un acuerdo en el marco del Foro Profesional para la modificación del RD de prescripción enfermera. Pese a la buena acogida de la noticia, los portavoces políticos se mantienen a la expectativa, ya que falta aún la opinión de las CCAA y el desarrollo normativo final. Además, Ciudadanos y Unidos Podemos se muestran convencidos de que sigue siendo necesario cambiar la Ley del Medicamento. Pocos días después, Sanidad iniciaba un periodo de consulta pública previa a la modificación del RD 945/2015.
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Este mes, también, el PSOE califica como excesivo el precio de los tratamientos para la hepatitis C, tras una respuesta del Gobierno que los situaba entre 10.600-20.100 euros por paciente, pese a que habían sido ya más de 80.000 los pacientes tratados. El Grupo Popular, por su parte, presentó una moción en el Senado solicitando una regulación específica de la intercambiabilidad entre biológicos y biosimilares, mientras que Ciudadanos planteaba en el Congreso una batería de medidas para garantizar la equidad, reducir las desigualdades (incluida la reducción de los copagos) y evitar la fragmentación, para las que no logró los apoyos suficientes.
El Ministerio de Sanidad anunciaba el inicio de la tramitación del nuevo RD de precios y financiación de los productos sanitarios y empezaba a publicar sus propios datos de gasto hospitalario. A lo que no daban transparencia aún era a los informes de coste-efectividad e impacto presupuestario que, según el subdirector general de Calidad de los Medicamentos, Carlos Lens, estaban empleando para la asignación de precio y reembolso. Lens citaba como obstáculo la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que supuestamente establece la confidencialidad, aunque el presidente de la Asociación Española de Economistas de la Salud (AES), Eduardo Sánchez, opinaba que ahí debía primar la Ley de Transparencia.
También se supo en noviembre que Barcelona quedaba descartada como sede de la EMA, la cual se establecería en Ámsterdam. Eran meses de convulsión política, ya que el conflicto catalán estaba en su punto álgido, y ambas partes aprovecharon para culparse de lo sucedido.
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Al margen de estas cuestiones, cabe destacar la propuesta que Roche a las CCAA, consistente en una metodología para la asignación de precios por indicación. A su vez, la Comisión de Sanidad daba luz verde a la Subcomisión para analizar el sistema de innovación y acceso, impulsada por Unidos Podemos, que, no obstante, tendrá que esperar a ser considerada por la Mesa del Congreso.
Este mismo mes se iniciaba la rebelión de algunas comunidades autónomas contra la obligatoriedad de la firma del convenio con Farmaindustria, que vincula gasto y PIB, para aquellas que solicitaban FLA. Llegaron a acusar al Gobierno de favorecer, con esta medida, el uso de marcas frente a genéricos.
Por último, cabe recordar que el Boletín Oficial del Estado publicaba la Orden de Precios de Referencia, actualizando conjuntos y precios, una publicación que llegó cuatro meses después de lo esperado y desoyendo las sentencias del TS, aunque Sanidad aseguraba que tenía una justificación, la cual no fue incluida en la Orden.
Diciembre
El último mes del año arrancaba con unas declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, destacando los beneficios del convenio con Farmaindustria, el cual sería renovado en los últimos días de diciembre, pese a la oposición de algunos grupos políticos y gobiernos regionales, por entender que suponía un chantaje y que no estaban claras sus consecuencias.
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El mismo día que Montoro defendía el convenio, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, recomendaba al Ministerio de Sanidad la modificación de la Ley de Garantías para proteger a los colectivos vulnerables de los posibles problemas de acceso que podía suponer el copago. En días posteriores, el Grupo Socialista en el Congreso incluía la supresión de los copagos introducidos con el RDL 16/2012 entre las medidas urgentes solicitadas a través de una PNL.
A mediados del mes, el Consejo Europeo celebraba una sesión para abordar cuestiones candentes del ámbito sanitario, como las resistencias antimicrobianas, las lagunas terapéuticas en el ámbito pediátrico o los problemas de acceso. Fueron varios los representantes que abogaron por una mayor colaboración entre estados de cara a la fijación de precios y financiación para los medicamentos.
En diciembre, el Gobierno anunciaba la modificación del RD de precios de referencia para permitir la creación de conjuntos por forma farmacéutica, y dar respuesta así a las reclamaciones de distintos actores. Sanidad también informaba de los avances en el nuevo método para la evaluación de los afectados por la talidomida, así como de la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del acuerdo marco firmado con la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. La ministra aseguró que había intención de extenderlo a otras organizaciones.
Este mismo mes interpelaba a la ministra Francisco Javier Yanguas, del Grupo Mixto, por la supuesta falta de equidad a los tratamientos oncológicos, la cual fue negada por Montserrat. El PSOE también registró una batería de preguntase para interesarse por los planes del Gobierno con respecto al RD de precios y financiación de medicamentos, que tendrá que ser respondida.
Finalmente, el Sistema Español de Verificación de Medicamentos anunció la firma del contrato con el proveedor tecnológico, Arvato; Diariofarma pudo saber, de fuentes cercanas a la negociación del XXV Convenio de Farmacia, que se espera sentencia del TS para febrero de 2018, y la Asociación Española de Bioempresas (Asebio) pidió un marco financiero más estable para seguir dinamizando el sector biotecnológico español.
Vea también nuestro resumen sobre política autonómica:
Las medidas y debates más destacados de la política autonómica en 2017
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: