Las posturas y estrategias de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados comienzan a perfilarse tras la apertura del plazo para presentar enmiendas al Proyecto de Ley de los medicamentos y productos sanitarios. El articulado del Gobierno busca responder a los avances científicos, las lecciones de la pandemia de covid y el marco normativo europeo, intentando equilibrar el acceso equitativo a la innovación biomédica, la protección de medicamentos antiguos de alto valor terapéutico y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Las tensiones en el arco parlamentario se concentran en la regulación económica del sector farmacéutico y en el equilibrio de competencias sanitarias entre la Administración Central y las comunidades autónomas. Las formaciones nacionalistas e independentistas integradas por PNV, ERC, Junts y EH Bildu orientan sus análisis iniciales hacia estos dos ejes clave durante la fase de aportaciones al texto normativo.
En el plano competencial, PNV, ERC y Junts prevén dirigir sus enmiendas a garantizar el respeto estricto a las atribuciones autonómicas en materia de ordenación farmacéutica y gestión de los servicios de salud. Estas formaciones han cuestinado en diversas ocasiones la concentración de decisiones sobre financiación pública y fijación de precios en órganos centralizados como la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Por su parte, PNV y Junts reclamarán medidas orientadas a evitar el desincentivo del tejido biofarmacéutico radicado en sus territorios y asegurar la viabilidad económica de las oficinas de farmacia comunitaria. ERC y EH Bildu enfocan sus planteamientos para la formulación de enmiendas en el refuerzo de la sanidad pública, la eliminación del copago farmacéutico en tramos vulnerables y el incremento de la transparencia para evitar conflictos de interés.
Desde el Partido Popular y Vox, las iniciativas que ya han anunciado para enmendar el texto pasan por la regulación económica del sector y en los mecanismos de fijación de precios. Ambos partidos han trasladado cautela ante la complejidad del nuevo sistema de precios dinámicos proyectado y registrarán propuestas dirigidas a reforzar la cadena de distribución mayorista y proteger el abastecimiento en las farmacias del entorno rural y zonas aisladas.
Finalmente, desde los partidos que integran el actual Gobierno, PSOE y Sumar, se defiende que el texto presentado moderniza el sistema farmacéutico estatal. A su juicio, la norma prioriza la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias y acelera los procesos de evaluación de la innovación asegurando la eficiencia del gasto público.
Demandas del sector profesional y empresarial
Aunque no tendrán reflejo directo en la tramitación de la norma, aunque probablemente si ínfluirán en el desarrollo de las enmiendas, los colectivos profesionales y de la industria farmacéutica, también abogan por cambios en la norma presentada por el Gobierno. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos celebró el reconocimiento expreso del papel asistencial de la farmacia comunitaria, aunque pidió matizar la regulación sobre sustitución de fármacos. Paralelamente, la patronal Farmaindustria demandó que los mecanismos de contención económica de precios no frenen la inversión en investigación y desarrollo en España.
Novedades de la estructura normativa
El Proyecto de Ley de los medicamentos y productos sanitarios se estructura en un título preliminar y 12 títulos que abordan el régimen jurídico, la investigación, la fabricación y el uso racional de los recursos. Entre las novedades figura la delimitación del medicamento estratégico, catalogado como aquel fármaco esencial cuya disponibilidad no puede verse comprometida y que requerirá medidas regulatorias o económicas específicas para asegurar la cadena de suministro.
Asimismo, el texto introduce la categoría de medicamento de primera prescripción, concebido para permitir la dispensación sucesiva en la farmacia comunitaria bajo consejo profesional tras un diagnóstico facultativo inicial. En el ámbito asistencial, la custodia y dispensación de fármacos queda reservada a las oficinas de farmacia, los servicios de farmacia hospitalaria y las unidades de radiofarmacia, al tiempo que se regulan por primera vez supuestos de entrega domiciliaria para pacientes en situación de vulnerabilidad o lejanía geográfica. La norma adecua también los marcos de prescripción para profesionales sanitarios de enfermería y fisioterapia dentro de sus respectivas competencias.
En el bloque de financiación, la ley instaura un sistema de precios dinámicos que operará junto al sistema de precios de referencia para promover la competencia e incentivar el uso de genéricos y biosimilares fuera del periodo de protección de patentes. El proyecto prevé también procedimientos de financiación condicional acelerada en 65 días hábiles para medicamentos innovadores destinados a cubrir necesidades médicas no resueltas.
El órgano de gobierno de la Cámara fijó un plazo de 15 días hábiles para el registro de enmiendas al articulado por parte de los grupos parlamentarios. Tras la apertura formal del periodo de registro en la comisión correspondiente, el plazo parlamentario concluirá el 29 de septiembre de 2026.
Lilisbeth Perestelo: 
