Lo más destacado de 2018 en política farmacéutica en España y la UE

Como ya hiciéramos en años anteriores, en Diariofarma nos hemos tomado el tiempo de recopilar la información política con mayor interés, a nivel nacional y a nivel de la Unión Europea, del año 2018. Ahora se la presentamos en este artículo-resumen, en el que podrán encontrar, mes a mes, las noticias más destacadas. Entre ellas observarán  anuncios de nuevas normativas con afectación en el sector del medicamento, y también otras de tipo más general, referencias a acontecimientos destacados, y también al posicionamiento político de los diferentes actores, ya sean éstos miembros del Gobierno o la oposición, gestores, o agentes de los distintos subsectores.

Si tuviéramos que destacar algo de este ejercicio que concluyó el pasado 31 de diciembre, serían los continuos cambios que se han producido en el Ministerio de Sanidad, primero, por el éxito en la moción de censura de la que salió elegido Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y que supuso la llegada de la que fuera consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, y, posteriormente, la dimisión de ésta como consecuencia de las informaciones que ponían en duda una de las titulaciones universitarias que ostentaba, provocando la llegada de María Luisa Carcedo. 

Pero dejando los cambios de caras al margen, se puede decir que 2018 ha sido un año prolijo en noticias de política sanitaria y farmacéutica, como podrán comprobar en las líneas siguientes. 

Enero

El pasado año arrancaba con la publicación, en Health Economics, de un artículo de la experta en Economía de la Salud del Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud, Laura Vallejo, en el que se determinaba que el umbral de coste-efectividad para España se debería situar entre 20.000 y 24.000 euros por año de vida ganado ajustado por calidad (AVAC o QALY en inglés). Eso, en un mes en el que el precio de los medicamentos fue uno de los temas estrella, entre otras, por la decisión del Ministerio de Sanidad de publicar las actas de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), y en el que se iniciaba la tramitación, con la apertura de un periodo de consulta pública, del nuevo real decreto que venía a modificar el Real Decreto 177/2014 que regulaba el sistema de precios de referencia.

La transparencia llega a la Comisión de Precios: Sanidad publica sus actas, composición y reglamento

Otro tema que coleaba por aquel entonces era el de los medicamentos de diagnóstico hospitalario de dispensación ambulatoria, a cuenta, primero, de una intervención del consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, en un encuentro de Executive Forum España, en el que anunciaba que iba a llevar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) la vuelta de algunos de estos productos a las farmacias. Concretamente, Francisco Zaragozá, vocal de Docencia e Investigación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), defendía, en una jornada organizada por la Vocalía de Distribución de la entidad colegial, que "hay medicamentos, como algunos inhibidores de la quinasa, que son de administración oral, que podrían dispensarse ya en la oficina de farmacia", así como "algunos anticuerpos monoclonales de administración subcutánea, en los que los pacientes han demostrado buena adherencia, y que también serían candidatos".

También era noticia el anuncio del Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) sobre el inicio de una consulta pública previa a la elaboración del Proyecto de Real Decreto que modificará el RD 824/2010 para, entre otras cosas, concretar la aplicación nacional de determinados aspectos del Reglamento Delegado 2016/161 sobre los dispositivos de seguridad para la verificación de los medicamentos y, en relación con este tema, las declaraciones de la directora general del Sistema Español de Verificación de Medicamentos (Sevem), María Ángeles Figuerola, que admitía la posibilidad de que los hospitales y los almacenes, cuando les tocara, pudieran desactivar los identificadores únicos de forma agregada, una opción que confirmaba el propio vocal de Industria del CGCOF, Eugeni Sedano, aunque días después se confirmaba que el sistema arrancaría sin agregación, una opción que podría ser incorporada a posteriori. 

Junto a estas cuestiones, y también en el plano nacional, cabe recordar las declaraciones realizadas por la que por entonces era directora general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Encarnación Cruz, reconociendo la preocupación de las Administraciones por la ralentización del segmento de los genéricos y anunciando la intención de su Departamento de "favorecer su utilización en el medio y largo plazo", para lo que avanzaba una batería de medidas, coyunturales y estructurales. A finales de aquel mes, Sanidad publicaba también un informe en el que describía y comparaba los modelos sanitarios existentes en España y el resto de la Unión Europea (UE-28), así como sus características e indicadores principales, incluido el gasto sanitario, y se celebraba la primera reunión correspondiente a la Ponencia de Estudio sobre Genómica en el Senado. 

En el ámbito europeo, la Comisión anunciaba su propuesta de Regulación para la Evaluación de Tecnología Sanitaria (HTA), en aras de una mayor cooperación entre Estados miembros para garantizar una mayor accesibilidad a la información sobre el valor añadido que éstas aportan. Para los Estados iba a suponer, explicaban, "poder diseñar políticas basadas en una evidencia más robusta". Afarán, por su parte, comenzaba en este mes su periplo por las instituciones comunitarias, buscando apoyos contra las subastas de medicamentos en Andalucía. La Comisión de Peticiones, admitía a trámite su denuncia, solicitando una investigación a la Comisión Europea (CE).

La CE inicia los trámites para regular la cooperación entre Estados en HTA

Febrero

En febrero, el Ministerio de Sanidad, la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (RedETS) y la Consejería de Salud de Andalucía editaban la 'Guía metodológica para la elaboración de recomendaciones y criterios de uso adecuado de tecnologías sanitarias', que recogía los aspectos más relevantes relacionados con el procedimiento y la metodología para la elaboración de recomendaciones y criterios de uso adecuado de tecnologías sanitarias en el Sistema Nacional de Salud y que pretendía servir de ayuda a la toma de decisiones. Asimismo, surgían las primeras voces que apuntaban a los trabajos del Ministerio y las CCAA para la elaboración de un calendario con recomendaciones de vacunación para todas las etapas de la vida, que vería la luz a final de año. 

En relación con los precios de los medicamentos, Encarnación Cruz anunciaba la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación de medicamentos de alto impacto económico, que arrancaba con Spinraza (nusinersén), y que abarcaba, explicó, "desde la incorporación de los pacientes a los ensayos clínicos, el acuerdo de financiación, la elaboración de protocolos para que el uso sea igual en todas las comunidades autónomas, así como la medición de resultados en salud". Biogen, titular del fármaco, mostraba su satisfacción por el acuerdo alcanzado, que incluía su compromiso de asumir el coste del tratamiento (400.000 euros por paciente el primer año, y 200.000 en los años siguientes) de aquellos pacientes incluidos en los ensayos clínicos (unos 20 en el caso de España), así como de los que lo habían estado recibiendo por uso compasivo (unos 30). Sobre este tema, cabe recordar las declaraciones de Isabel Pineros, vocal asesora de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, en la jornada post-ISPOR 2017, organizada por la International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) y Diariofarma, en las que aseguraba que la política para la fijación del precio de los medicamentos en España ya no está condicionada al precio en otros países de la Unión Europa, si no que el Ministerio prefería los comparadores nacionales.

Cruz inaugura, con Spinraza, una nueva era en financiación de fármacos

En este mismo mes, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas asumía como propio el contenido del Informe de fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios 2014 y 2015, elaborado por el citado Tribunal, y aprobaba hasta 24 propuestas dirigidas al Gobierno, a los ministerios de Hacienda y Sanidad, para la gestión de la prestación farmacéutica. Entre ellas, dotar de mayores recursos humanos a distintas áreas del Ministerio de Sanidad, concretamente para Seguimed y para la Secretaria General de los Medicamentos y Productos Sanitarios, adoptar un sistema único de bases de datos para la DGCBSF y la Agencia Española de Medicamentos, y elaborar un manual de procedimientos en la DGCBSF o arbitrar sistemas de fácil seguimiento y control de los suministros de medicamentos sometidos a techos de gasto.

También en el plano nacional, Cruz anunciaba una estrategia para fomentar la utilización de los biosimilares, los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; Asturias, Javier Fernández Fernández; Aragón, Francisco Javier Lambán Montañés, y Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo, firmaban una declaración institucional para transmitir al Gobierno la necesidad de abordar "de forma inmediata la definición del nuevo modelo de financiación autonómica, para, de este modo, poder garantizar la prestación de los servicios fundamentales", y el Grupo Parlamentario Ciudadanos, liderado por su portavoz de Sanidad, Francisco Igea, organizaba una jornada en el Congreso con el foco puesto en la incorporación de la medición de resultados en el Sistema Nacional de Salud (SNS), uno de los puntales discursivos de la formación naranja a lo largo del año.

A nivel europeo, la Comisión aprobaba su Propuesta de Reglamento sobre evaluación de las tecnologías sanitarias, en la que dejaba claras sus intenciones de reservar las competencias en materia de fijación de precios para los Estados miembros, aunque llamaba a acatar las evaluaciones clínicas conjuntas. Diversos actores mostraban, en declaraciones a Diariofarma, su impresión de que la aprobación, y sobre todo la aplicación del Reglamento, no iba a estar exenta de complejidades. También en el plano europeo asomaba con fuerza el problema de los desabastecimientos, al que Fedifar dedicó su VII Foro de la Distribución Farmacéutica, en el que se analizaron sus múltiples causas y posibles soluciones. Y cabe destacar, por último, el encuentro organizado por este periódico, con el apoyo de Celgene, que congregó a diputados y senadores y que tuvo como protagonista a Josep Figueras, director del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas Sanitarias y responsable del Centro Europeo de Política Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Bruselas, que hizo un repaso de la situación de los sistemas sanitarios y las medidas que se están adoptando, o se podrían adoptar, en materia de gestión.

Diputados y senadores observan las tendencias en gestión dentro de la UE

Marzo

Durante el mes de marzo, el Partido Socialista atacó por varios flancos para tratar de revertir los copagos farmacéuticos, tal cual quedaron establecidos en 2012. Así, por un lado, la senadora del PSOE por Huelva, Ana Pérez, exigía a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que suprimiera los copagos para pensionistas, por los riesgos que entrañaban para su salud. Este mismo tema fue puesto encima de la mesa por el portavoz de Sanidad, Jesús María Fernández, en la Comisión de Sanidad del Congreso durante una comparecencia del Secretario General de Sanidad, José Javier Castrodeza, al que reclamó también medidas para paliar la subida de precios por la desfinanciación. En esta misma comparecencia, Igea defendía topar a colectivos con menor renta para disminuir los problemas de falta de adherencia.

Otro de los temas que volvieron a salir a la palestra aquel fue el de la financiación sanitaria. En esta ocasión fue el portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos, quien cifraba el déficit presupuestario entre los 7.000 y los 10.000 millones de euros anuales. Esta queja fue refrendada por el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, quien en su Informe Anual 2017 destacaba que la crisis había supuesto "una caída en la prestación de los servicios públicos y un descenso de la inversión pública hasta mínimos históricos", y pedía, "para paliar la pérdida de calidad de servicios tan esenciales como los sanitarios, educativos y asistenciales", una reforma "urgente del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas".

Frente a las críticas de otros partidos y colectivos, Castrodeza sacaba pecho por la gestión de la prestación farmacéutica que estaba haciendo el Gobierno, cifrando la inversión en nuevas innovaciones en los 2.300 millones de euros en lo que iba de legislatura, lo cual, decía, no había tenido un impacto en la factura total que pagaba el SNS, ya que el crecimiento del gasto hospitalario había sido del 0,1% en 2017, decía, mientras que el de recetas lo hacía en torno al 3%. Eso mostraba, en su opinión, que el modelo era "objetivamente suficiente para garantizar la sostenibilidad", el cual se nutría de "los ahorros introducidos por los medicamentos genéricos y biosimilares", además de con los procedimientos de revisión de precios. También puso en valor la existencia de acuerdos de techo de gasto. En relación con esto, cabe recordar las declaraciones que hacía el director general de Pfizer en España, Sergio Rodríguez, que en un encuentro con medios de comunicación avalaba lo dicho por Castrodeza sobre las innovaciones y aseguraba "que España está mejorando en la introducción de la innovación".

En relación con los genéricos y los biosimilares, cabe recordar que la defensa que hizo el senador popular, Jesús Aguirre, en la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta, de una propuesta en la que instaba al Gobierno medidas para articular una regulación específica en materia de intercambiabilidad entre medicamentos biológicos y biosimilares, que fue apoyada por todos los grupos tras la incorporación de sendas enmiendas por parte del Grupo Socialista y el Grupo Vasco, que, respectivamente, llamaban a formar e informar a profesionales sanitarios y pacientes de cara al uso de los biosimilares y a que las citadas medidas se aborden en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Castrodeza comparecía días después en el Congreso y anunciaba que la Aemps estaba trabajando en una norma al respecto.

Finalmente, cabe destacar sendos informes presentados en este mes. Uno de Omakase Consultig, empresa de consultoría estratégica, centrado en la situación de los medicamentos huérfanos en nuestro país, en lo que respecta al acceso y, sobre todo, a las condiciones de autorización de comercialización y fijación de precio y financiación, que arrojaba, como como principal conclusión, que, aun condicionados por aspectos clínicos, económicos e institucionales, los procesos de aprobación han mejorado en España en los últimos años y con ello se han reducido, con carácter general, los tiempos de incorporación al mercado. El otro, de la Fundación Weber para Farmaindustria, dirigido a dar "dar una visión sobre el valor económico, clínico y social que han aportado los medicamentos a las sociedades occidentales", para lo que se ha sintetizado una parte de la literatura científica publicada al respecto que muestra, reza el documento, "las aportaciones que han supuesto los medicamentos más innovadores a lo largo del tiempo". En la presentación de éste último, Encarnación Cruz pedía a la industria más implantación en España, mientras que la directora de la Aemps, Belén Crespo, llamaba a buscar evidencias en el SNS, alegando que el informe estaba más centrado en situaciones de otros países.

España agiliza la aprobación y el reembolso de fármacos huérfanos

Abril

Ya en el mes de abril, Encarnación Cruz planteaba la necesidad de "seguir la línea" marcada por algunos países europeos, que "han determinado que los nuevos pacientes deben ser tratados con biosimilar o que se puede promover un intercambio". Precisamente, el portal de artículos científicos Springer Link recogía un artículo de  autores de diverso perfil, asociados a investigaciones o actividades patrocinadas por laboratorios, tanto del sector innovador como de genéricos y biosimilares, que, bajo el título 'Switching reference medicines to biosimilars: a systematyc literature review of clinical outcomes', ponía de manifiesto la falta de evidencia con respecto a las supuestas pérdidas de eficacia o problemas de seguridad asociados al intercambio entre biológicos originales y biosimilares.

Por otro lado, 'No es Sano', la campaña promovida por Salud por Derecho, Médicos del Mundo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Organización Médica Colegial (OMC), publicaba el informe 'Los medicamentos para el cáncer: altos precios y desigualdad', que servía para manifestar su queja por el hecho de que, pese a haber sido desarrollados, en parte, con fondos públicos, varios fármacos en esta área presentaran un alto coste. Farmaindustria replicaba asegurando que "el coste de los medicamentos contra el cáncer sólo supone el 10% del gasto farmacéutico público y se mantiene estable" en el tiempo. Sobre la transparencia en precios, que había sido también reclamada por esta organización en otras ocasiones, el director de Relaciones con las Comunidades Autónomas de la patronal, José Ramón Luis-Yagüe, consideraba que la publicitación de los mismos podía "dar lugar a que no se alcancen esos precios" en los procesos de licitación y, de este modo, "ser perjudicial para el Sistema Nacional de Salud". 

En otro orden de cosas, la directora general de Salud Pública, Calidad e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Elena Andradas, confirmaba la intención de promover, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, "recomendaciones para la vacunación en todas las edades", mientras que la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobaba, con los votos en contras del PP y la abstención de Ciudadanos, la Proposición No de Ley del PSOE que instaba al Gobierno a bajar los precios de los desfinanciados en 2012 a partir del Real Decreto-ley 16/2012. También se anunciaba, durante aquel mes, el cese de Carlos Lens como subdirector general de Calidad de los Medicamentos y los Productos Sanitarios. 

Por su parte, el Departamento de Inspección y Control de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) emitía un documento de 'Recomendaciones a los distribuidores de medicamentos para la detección, investigación y notificación de pautas de venta inusuales de medicamentos sospechosas de desvío o uso indebido', con el fin de que los distribuidores dieran cumplimiento a sus obligaciones "en relación a la detección, investigación y notificación de pautas de venta inusuales".

La Federación Española de Tecnología Sanitaria (Fenin) hacía pública, como viene siendo habitual, la cifra global de facturas pendientes de cobro de las comunidades autónomas, advirtiendo de un descenso de casi un 10% respecto al cierre del ejercicio anterior (81 millones de euros). No obstante, poco después volvería a notificar un empeoramiento de la situación. Por su parte, el Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Enfermería (Satse) emitía un comunicado, abriendo así un proceso que ha traído mucha cola a lo largo del año, en el que acusaba "a la mal llamada farmacia comunitaria"  de ser "una clara estafa al Sistema Nacional de Salud y a los ciudadanos, al querer ofrecer unos servicios asistenciales para los que no tiene respaldo legal ni competencias".

Satse califica la farmacia asistencial de “estafa” y “privatización encubierta”

Finalmente, cabe rescatar la decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de cerrar la solicitud de la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afarán), el Foro Andaluz de Pacientes y otras asociaciones de pacientes, en relación con las subastas andaluzas, una decisión que fue valorada positivamente por la consejera de Salud de Andalucía, Marina Álvarez, que lo consideró como “un aval más” a esta medida, mientras que fue calificada por la portavoz del Partido Popular, Carmen Crespo, como un "veto político" de PSOE, Izquierda Unida y ERC.

Mayo

Aunque la noticia saltaba más bien en los últimos compases del mes, sin duda la información más destacada de mayo tuvo que ver con la moción de censura presentada por Pedro Sánchez, que a la postre le auparía al Gobierno, desbancando al Partido Popular. En su presentación, Sánchez avanzaba su apuesta por derogar el Real Decreto-ley 16/2012 y restituir el carácter universal de la asistencia sanitaria. Anteriormente, durante este mismo mes, el PSOE había sacado adelante una moción en el Congreso que suponía, en la práctica, una enmienda a la totalidad de la política sanitaria del Ejecutivo de Mariano Rajoy, instando a cambios, además de en la universalidad, con respecto al copago, las formas de gestión privada, el Fondo de Cohesión o la retirada de recursos judiciales ante determinadas iniciativas autonómicas, entre otras cuestiones. Ante un eventual cambio de Gobierno, representantes de la industria, como Marta Moreno, directora de Relaciones Institucionales de Novartis Oncology, o Teresa Millán, directora de Relaciones Institucionales de Lilly, pedían, en el marco congregadas del IV Congreso Nacional de Relaciones Institucionales del Sector Salud, predictibilidad y no desandar algunos pasos dados en relación, por ejemplo, con el Real Decreto de Precios de Referencia.

Sánchez derogará el 16/2012 si sale presidente de la Moción de Censura

Días antes de que prosperara la moción de censura, el Gobierno cifraba, en el marco de la Actualización del Programa de Estabilidad y del Plan Presupuestario 2018-2021 que había remitido a Bruselas, en 7.300 millones de euros el ahorro total obtenido desde julio de 2012 hasta el mes de diciembre de 2017 como resultado de las medidas incluidas en la reforma sanitaria y de otras medidas adoptadas en el sistema farmacéutico. Asimismo, Hacienda hacía público el 'Programa Nacional de Reformas de España 2018', con una mención específica a la consolidación y desarrollo de las medidas adoptadas "para la sostenibilidad y eficiencia del gasto farmacéutico y sanitario de las Administraciones Públicas", incluyendo ahí el establecimiento de un límite de gasto en productos farmacéuticos y sanitarios obligatorio para aquellas comunidades adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Se indicaba, además, que el límite había sido sobrepasado en 2016 por seis de las 12 regiones sobre las que aplica (serían Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia), y se desvelaba la negociación de medidas correctoras con las CCAA incumplidoras. 

En este mes también se produjo la reclamación, por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) , de que se publicaran "las evaluaciones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) sobre el grado de cumplimiento de la regla de gasto sanitaria y las medidas que, en su caso, se acuerden para corregir las desviaciones". El PSOE, por su parte, presentaba en el Congreso una serie de preguntas parlamentarias en relación al informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en el que dudaba de las cifras aportadas por el Gobierno en la Actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas.

Por otro lado, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha anunciado su adhesión a una iniciativa de organizaciones profesionales, sociedades científicas, sindicatos y asociaciones de pacientes relacionadas con Instituciones Penitenciarias, para pedir la rápida integración de la Sanidad Penitenciaria en los Sistemas de Salud de las Comunidades Autónomas. Por su parte, la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) informaba de su participación en un proyecto europeo de investigación, Impact_HTA, financiado por la Comisión Europea con 416.000 euros a través de la línea de fondos H2020, con el que se pretende avanzar en la estandarización de la evaluación de costes sanitarios en el marco de la Unión. 

También a nivel europeo, la Comisión presentaba una propuesta de modificación de la regulación 469/2009, que afecta a los certificados complementarios de protección (CCP) de los productos medicinales, para permitir la fabricación de estos productos durante el CCP cuando estos se dirijan a la exportación. La eurodiputada socialista,  Soledad Cabezón, reconocía que el anuncio suponía una buena noticia, pero, en línea con lo exigido por la patronal europea de genéricos y biosimilares, Medicinas for Europe, pedía que se permitiera también la fabricación para el lanzamiento de estos productos en Europa el primer día tras la expiración de la patente. También en las instituciones comunitarias, Afarán, junto con el Foro Andaluz de Pacientes y otras organizaciones, reclamaban al Defensor del Pueblo Europeo la "incoación de un procedimiento de investigación por una presunta violación del derecho de petición".

Junio

Si el mes de mayo estuvo protagonizado por el ascenso del Partido Socialista al Gobierno, el mes de junio habría que destacar la configuración del nuevo equipo que pasaría liderar la actividad en el Paseo del Prado. Tras unos días en los que varios nombres aparecieron en las quinielas, finalmente se produjo el anuncio de Carmen Montón, ex consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, como nueva ministra. En su toma de posesión, Montón estableció los ejes sobre los que pivotaría su gestión: sanidad pública y prestación universal. En el acto estuvieron presentes representantes de las diferentes ramas del sector, que le mostraron su disposición a colaborar. Poco después, en el primer Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, se confirmaba el nombramiento de Ricardo Campos como secretario general de Sanidad. También se designó como directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, a Patricia Lacruz, y a Justo Herrera como subsecretario de Sanidad. En el último Consejo de Ministros del mes se anunció también el nombramiento de Pilar Aparicio como nueva directora general de Salud Pública y de Rodrigo Gutiérrez como nuevo director general de Ordenación Profesional.

Montón toma posesión y apuesta por un SNS público y universal

De los primeros pasos de Carmén Montón al frente de Sanidad cabe destacar su participación en la toma posesión de miembros del Comité Directivo y vocales de sección del CGCOF, donde aseguró a los representantes de la profesión que "las puertas del Ministerio estarán siempre abiertas para la búsqueda de soluciones conjuntas". Asimismo, la nueva ministra comparecía en la Sesión de Control al nuevo Gobierno en el Senado, donde reiteró la apuesta del nuevo Gobierno con la "devolución de los derechos arrebatados", comenzando "por eliminar la exclusión sanitaria" y continuando "con la eliminación de la discriminación económica en el acceso a los tratamientos farmacológicos; es decir, los copagos a los pensionistas". Pedro Sánchez también realizó en esos primeros días alguna declaración en relación con la Sanidad. La más destacada tuvo que ver con su renuncia a acometer la modificación del modelo de financiación autonómica, achacando la decisión a la falta de tiempo, a pesar de que se había comprometido a agotar la legislatura. 

En este mismo mes, fuentes cercanas al proceso de desarrollo del sistema de verificación confirmaban a este periódico los trabajos del Ministerio de Sanidad, representantes de las comunidades autónomas y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), junto a exponentes de la farmacia hospitalaria, para, través de grupos de trabajo, conseguir su implantación en hospitales para febrero de 2019, fecha prevista para la entrada en vigor de lo dispuesto en los Actos Delegados. Con el paso de los meses han ido aflorando, no obstante, las grandes dificultades que están teniendo para conseguirlo.

En el plano europeo, Farmaindustria defendía, durante una jornada celebrada en colaboración con la Real Academia Nacional de Farmacia (RANF), la necesidad de mantener un nivel máximo de cooperación y de convergencia regulatoria con el Reino Unido para evitar que la salida de este país de la Unión Europea pueda generar problemas de acceso a los medicamentos, distorsiones de la cadena de suministro a ambos lados del Canal de la Mancha, así como obstáculos a la I+D de los nuevos fármacos, entre otros riesgos. La Aemps, por su parte, pedía a la industria que esté preparada para un Brexit duro. Por su parte, el eurodiputado socialista, Sergio Gutiérrez, avanzaba, en relación con la Directiva sobre el test de proporcionalidad, que en las negociaciones con la Comisión y el Consejo habían logrado "incluir varias disposiciones que reconocen el papel especial de las profesiones sanitarias y otorgan a los Estados miembros un margen de discreción más amplio para regularlas".

Julio

En el mes de julio, MSD celebró uno de sus tradicionales encuentros en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el cual dio mucho de sí. En una de las mesas, Isabel Pineros, vocal asesora de la DGCBF defendía la medición de resultados en salud como respuesta a la falta de evidencia con la que se aprueban los nuevos medicamentos en Europa, un mensaje compartido por César de la Fuente, jefe de Área de Estabilidad Presupuestaria de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, y Ana Tejerina, subdirectora de Asistencia Técnica del Servicio Cántabro de Salud. En otra de ellas, Miguel Ángel Calleja, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), Carlos Mur, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), y Verónica Ordóñez, portavoz de Sanidad de Podemos en Cantabria,  proponían un cambio de enfoque presupuestario, aplicando una visión más a largo plazo, para poder evaluar el impacto de la innovación desde una perspectiva más global. Finalmente, cabe recordar las declaraciones de Francisco Valero, vocal asesor del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), avanzando que este organismo podría comenzar con la licitación de soluciones integrales de salud, vinculadas a la adquisición de medicamentos, a partir de 2019, sirviéndose para ello de lo dispuesto en la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

La ministra de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales, Carmen Montón, comparecía también en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para explicar los planes de su Departamento y, además de recuperar la universalidad y eliminar el copago a pensionistas en situación de vulnerabilidad, confirmó el compromiso de aprobar el primer calendario vacunal para todas las edades y recuperar los fondos de Cohesión y Garantía Asistencial para garantizar la equidad en la atención, así como impulsar las compras centralizadas y la utilización de genéricos y biosimilares, y la aplicación de un modelo de financiación de medicamentos basados "en el coste-valor".

Montón anuncia sus planes para hacer sostenible el acceso a medicamentos

A mediados de aquel mes surgieron los primeros rumores sobre el cese de Belén Crespo como directora de la Aemps, un proceso que se terminó confirmando y que se correspondió con la elección de María Jesús Lamas como nueva responsable.

En el ámbito regulatorio, se aclaraba la intención de Sanidad iba a usar el Real Decreto de Productos Sanitairos para regular el funcionamiento de la Comisión Interministerial de Precios (CIPM), como pudo verse en el Proyecto. Asimismo, el Ministerio anunciaba la aprobación del Real Decreto-Ley sobre Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), con el que se garantizaba, decían, el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas que se encuentren en el estado español, "permitiendo la asistencia normalizada a los colectivos que quedaron excluidos con el RDL 16/2012 aprobado y ejecutado por el gobierno del PP". Poco después, en septiembre, el Congreso convalidaba el texto, con el voto contrario del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos, e, cual, no obstante, se dejaba abierto a modificación ya que se anunciaba la intención de tramitarlo como Proyecto de Ley Urgente.

Finalmente, cabe recordar la presentación del programa de la Presidencia austriaca del Consejo de la Unión Europea, para el periodo comprendido entre julio y diciembre, en el que destacaban, entre los grandes retos, las negociaciones para la ejecución del Brexit y para la definición del Marco Multianual de Financiación 2020. Más allá de estos grandes temas, reconocían, en un orden de menor importancia pero igualmente relevantes, otras cuestiones como la cooperación en evaluación de tecnologías sanitarias (HTA), así como en el refuerzo de las políticas de vacunación.

Agosto

Como suele ser habitual, agosto no fue un mes en el que abundaran las noticias en el ámbito de la política farmacéutica y sanitaria, dada la parálisis institucional y empresarial que suele vivir el país. No obstante, al final de aquel mes se produjo el anuncio, por parte del Ministerio de Sanidad, de que sería la DGCBF, ahora liderada por Patricia Lacruz, quien pasaría a asumir la coordinación del sistema de evaluación en red de los medicamentos de uso humano, para la realización de los informes de posicionamiento terapéutico. Así se especificada en el Real Decreto que desarrollaba la estructura básica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, aprobado en Consejo de Ministros.

También en los últimos días de agosto se producía el anuncio, por parte de Ione Belarra, portavoz adjunta del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados y representante de la agrupación en las negociaciones de la nueva senda de déficit que pretende establecer el Gobierno, de una propuesta de este Grupo "para eliminar el copago a pensionistas", como condición de la formación morada en las citadas negociaciones.

El copago a pensionistas se cuela en la negociación por la senda del déficit

A nivel europeo, la European Public Health Alliance (EPHA) hacía público su posicionamiento en relación con la propuesta de regulación impulsada por la Comisión para fomentar la coordinación en evaluación de tecnologías sanitarias (HTA), pidiendo, por encima todo, transparencia e independencia.

Septiembre

El mes de septiembre estuvo marcado por la dimisión de Carmen Montón, a consecuencia de la polémica sobre supuestas irregularidades en la obtención de su máster sobre ‘Estudios Interdisciplinares de Género’ y apenas cuatro días después de que apareciera la primera información en Eldiario.es. Y eso, pese al respaldo público recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su gestión al frente del Ministerio. Días después se producía el anuncio de la dimisión y el nombramiento de la nueva ministra, María Luisa Carcedo, que en su toma de posesión anunciaba continuidad a la labor de Montón, y establecía, como ejes de su labor al frente de Sanidad, la cooperación con las administraciones territoriales, la transparencia, y una gestión basada en evidencia y evaluación de resultados. Posteriormente, se confirmaría la elección de Faustino Blanco, ex consejero de Sanidad de Asturias, para ejercer el cargo de secretario general de Sanidad, en sustitución de Ricardo Campos. 

Carcedo gestionará con cooperación territorial, transparencia y evaluación

Y si en julio se celebraba un encuentro lleno de contenido político en Santander, de la mano de MSD, en septiembre le tocó el turno a las jornadas estivales de Farmaindustria en la capital cántabra. En esta ocasión, se tocó el tema de la cooperación en HTA en el seno de la Unión Europea, donde volvieron a esbozarse algunas dudas sobre la posibilidad de éxito de la propuesta de la Comisión tal y como fue concebida, por la posición contraria de algunos países. También destacó la intervención de la subdirectora general de Farmacia y Productos Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), María José Calvo, que propuso la extensión del modelo nusirersén, es decir, el establecimiento de criterios claros de utilización, así como el uso de registros para hacer seguimiento de la efectividad, para los medicamentos de alto impacto, y la del presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo, quien lanzaba el mensaje de que España estaba ante una oportunidad de oro, como consecuencia del Brexit y del avance de la innovación biomédica, para transformar su modelo productivo y para liderar el avance de este sector en la Unión Europea.

Durante este mes también saltó una de las polémicas del año, en relación con una nota de la Aemps, en relación al alcance de la orden de no sustitución de 2007, interpretando que ésta sería “de aplicación en la dispensación de medicamentos efectuada por el farmacéutico en oficina de farmacia”. En los hospitales, señalaba la Agencia, "el uso de los medicamentos se fija en comisiones interdisciplinarias que promueven el Uso Racional del Medicamento atendiendo a la Ley y buena práctica, incluido el intercambio terapéutico”. La acción de la Aemps, que, como contó Diariofarma, había partido de la solicitud de aclaración por parte de la Comisión Permanente de Farmacia, suscitó la reacción contraria de la Federación de de Asociaciones Científico-Medicas (Facme), así como la de Farmaindustria y algunos juristas. Biosim tampoco quedaba muy conforme con la citada aclaración. La SEFH era la única que consideraba que la nota no suponía ninguna alteración de los usos habituales. El Ministerio de Sanidad salió al quite y, en un comunicado enviado a los medios, afirmaba que lo aparecido en la web de la Aemps no constituía "una nueva interpretación, sino una clarificación", y subrayaba que "la normativa que establece lo relativo a la sustitución" no se había modificado "por esta clarificación".

En el plano nacional, cabe destacar, también, la decisión de la Agencia, en respuesta a una denuncia presentada por la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa) y algunas de sus asociaciones provinciales, como la malagueña Aprofarma, de ordenar el cese de actividad de venta de medicamentos por internet a la plataforma Glovo. También las palabras de Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, en una jornada de la SEFH, sobre el objetivo del nuevo Gobierno de "de regularizar los servicios de Farmacia y los depósitos", dando respuesta así a una reivindicación de los mismos FH.

A nivel europeo, fueron varias las informaciones que se produjeron en el mes de septiembre. Por un lado, la EMA hacía público el plan diseñado por el Grupo de Trabajo creado, junto con las agencias nacionales, para luchar contra las faltas de suministro. Por otro, la Comisión Europea ponía en marcha una 'Acción Común Europea sobre vacunación' con el principal objetivo de compartir herramientas para fortalecer las respuestas nacionales a los desafíos de la inmunización, así como fomentar una cooperación europea sostenible contra las enfermedades prevenibles mediante la vacunación. Cabe destacar también la presentación de un informe, por parte de la consultora danesa Copenhagen Economics, para abordar el impacto que tienen los incentivos y compensaciones a la industria sobre la innovación, la disponibilidad y la accesibilidad a los medicamentos, documento que servirá, como confirmó la propia Comisión, como un elemento más de decisión para diseñar un nuevo marco de incentivos.

Octubre

El mes de octubre fue, sin lugar a dudas, uno de los más movidos en lo que se refiere a generación de actualidad en política farmacéutica y sanitaria. En los primeros días se firmaba un principio de acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos (UP) para llevar adelante los Presupuestos Generales del Estado que quería aprobar el Ejecutivo, que incluía, como confirmaba a este periódico la portavoz de Sanidad de UP, Amparo Botejara, una referencia explícita a la eliminación del copago, aunque, como ya había avanzado el Gobierno, ésta se hará de forma gradual. En el transcurso del mes, el presidente del Gobierno aprovechaba la inauguración de la ampliación de las instalaciones de Reig Jofré para pedir más inversiones a la industria, y defendía la apuesta por un modelo económico basado en el conocimiento. La industria pedía, por su parte, un marco favorable para que atraer esas inversiones. Eso en el plano más general. En el más específico, los laboratorios iban a reclamar, no a Sánchez, si no a Carcedo, la elaboración de un Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) para el desarrollo de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT), para evitar la variabilidad, además de su participación en las etapas iniciales de elaboración del IPT. Así se indicaba en un documento de trabajo al que tuvo acceso Diariofarma. 

El principio de acuerdo sobre los Presupuestos incluye la reversión gradual del copago a partir de 2019

El Ministerio aceleró su actividad en este mes, con varios anuncios. Carcedo compareció en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para explicar cuáles eran las prioridades que tiene su Ministerio, replicando las líneas maestras del plan que había esbozado Montón, y añadiendo una novedad: un plan para la introducción de las CAR-T, que vería la luz más adelante. La ministra presidía la toma de posesión de los últimos altos cargos nombrados en su departamento: el ya mencionado Faustino Blanco, que asumía la Secretaría General de Sanidad y Consumo; Alfredo González, como subsecretario de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Ana Isabel Lima, como secretaria de Estado de Servicios Sociales; María Eloísa del Pino, que se ponía al frente del Gabinete de la ministra de Sanidad, y Ángel Parreño, que pasaba a ocupar la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia. Además, confirmaba que la modificación del copagofarmacéutico que se realizaría por fases, iniciándose, además de con los pensionistas, con las familias rentas bajas que tengan hijos a cargo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cifraba en 300 millones el incremento del gasto a consecuencia de la modificación del copago acordada por el PSOE y Unidos Podemos para los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

También en relación con la Airef, cabe recordar el anuncio del Ministerio de Sanidad sobre su pretensión de incorporar a la gestión de los precios de los medicamentos las recomendaciones de éste organismo, una vez concluyera la investigación sobre el mercado farmacéutico que estaba realizando. Asimismo, desde el Paseo del Prado se daban los primeros pasos para la recomendación de la vacunación frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) de hombres adultos que mantengan relaciones con personas del mismo sexo, y se iniciaba la tramitación de una orden ministerial para regular determinados aspectos del etiquetado y prospecto de los medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica aprobada. Cabe recordar también la publicación en el BOE del Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modificaba el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, y se regulaba la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, que suscitó una reacción negativa por parte del Foro de la Profesión Médica (FPME), que expresaba su profundo malestar por haber conocido el contenido final a partir de su publicación en el BOE, donde supuestamente habían encontrado modificaciones al texto pactado. 

A nivel europeo, el Pleno del Parlamento Europeo aprobaba el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en relación con la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE. El resultado de la votación fue de 576 votos a favor y 56 en contra, dejando la puerta abierta a la revaluación clínica por parte de los Estados, lo que suscitó la decepción en el seno de la industria, que apostaba por reducir la variabilidad.

Asimismo, el Directorio General para la Salud y la Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la HMA (Heads of Medicines Agencies) firmaban una carta conjunta, dirigida a a los titulares de autorizaciones de comercialización de medicamentos, fabricantes, distribuidores y agentes encargados de la dispensación, avisándoles de que "el incumplimiento de los requerimientos en relación con la verificación supondría la violación de la ley comunitaria y anunciaba que de ese incumplimiento se podrán derivar sanciones de acuerdo a la legislación de los Estados miembros".

En este mismo mes, la Comisión Europea abría un periodo de consulta pública, dirigida a pacientes y profesionales sanitarios, incluidos los farmacéuticos, para proceder a una "evaluación conjunta" del actual marco normativo en relación con los incentivos a la innovación, entre ellos, los dirigidos a la investigación, el desarrollo y la comercialización de medicamentos huérfanos y pediátricos.

Noviembre

En el mes de noviembre, a poco más de un año para la entrada en vigor de la normativa sobre verificación de medicamentos, se producían varias novedades en relación con este tema. Por un lado, se conocía que el Ministerio de Sanidad disponía ya de un Proyecto de Real Decreto para modificar el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, que regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, y establecer, a nivel nacional, los requerimientos derivados de la entrada en vigor de la nueva normativa europea de verificación. El texto, que se llevaría al CISNS, definía las actuaciones que tendrán que llevar a cabo los almacenes de distribución, así como el acceso de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, y las autoridades competentes de las comunidades autónomas"a la información del repositorio nacional, en los términos establecidos en el Reglamento Delegado 2016/161 de la Comisión". Asimismo, Diariofarma desvelaba las intenciones del Ministerio y las comunidades autónomas de obligar a las farmacias, y no solo los servicios de farmacia hospitalaria, a conectarse también al conocido como Nodo SNS para verificar y desactivar, una opción que generó malestar en el sector, aunque las dudas sobre la capacidad para desarrollar un nodo que esté listo el 9 de febrero hacía presagiar que se comenzará a trabajar con Nodofarma Verificación, desarrollado por el CGCOF con el apoyo del resto de actores del Sevem. 

En noviembre se produjo también la presentación, por parte de la ministra Carcedo, tras reunirse con representantes de sociedades científicas y asociaciones de pacientes, de un nuevo Plan Estratégico de Terapias Avanzadas en el SNS, que se abordaría días después, en el marco del CISNS, y que tenía como objetivo que estos medicamentos, entre los que destacan las famosas CAR-T (terapias celulares), se incorporen a la práctica clínica habitual "en condiciones de calidad, seguridad y equidad, garantizando además la eficiencia", subrayaba la titular de Sanidad. En el citado CISNS, varios consejeros mostraron sus reservas en relación con la capacidad de las CCAA para pagar estos tratamientos, y se barajaron diversas soluciones para ello. Carcedo, no obstante, confirmó que el pago corresponderá a las autonomías. Sobre la incorporación de las CAR-T a la prestación disertó, también, Natividad Cuende, directora ejecutiva de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, en una entrevista con Diariofarma en la que profundizó en varios de los temas más destacados de cuantos rodean a este avance terapéutico.

Carcedo confirma que las nuevas CAR-T las pagarán las CCAA y éstas se preguntan cómo

En el mismo Interterritorial, el primero que presidía la nueva ministra, también se anunció el primer calendario vacunal para todas las etapas de la vida. Durante noviembre, también se presentaron el Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias, con medidas para facilitar la información veraz y accesible, combatir la publicidad engañosa, evitar el intrusismo y eliminar las pseudoterapias de los centros sanitarios, así como el nuevo ‘Plan nacional frente la resistencia a los antibióticos’ (PRAN) 2019-2021. También se producía el anuncio de un nuevo 'Procedimiento de coordinación para el acceso y la utilización de medicamentos en situaciones especiales en el Sistema Nacional de Salud', por parte de la Comisión Permanente de Farmacia, para regular la disponibilidad de medicamentos en estas situaciones, es decir, los que están en investigación, medicación extranjera, así como su uso en condiciones diferentes a las autorizadas. La intención era contribuir a priorizar el IPT, y agilizar del proceso de financiación de estos medicamentos.

En noviembre, también, la SEFH hacía pública la Guía de Compra Pública de Medicamentos para las Farmacias Hospitalarias, en la que se desaconsejaba fijar como precios máximos de licitación aquéllos que se hayan conseguido en anteriores concursos, por el elevado riesgo de que queden desiertos. También eran protagonistas otras organizaciones, como el CGCOF, que acusaba a los representantes de la profesión de Enfermería de llevar a cabo "una campaña de manipulación, utilizando y perjudicando a la profesión farmacéutica", en relación con las continuas declaraciones de éstos contra la normativa que pretendía promover el Gobierno madrileño, incluyendo la atención farmacéutica domiciliaria, y 'No es Sano’, que publicaba un listado con los precios de todos los medicamentos autorizados durante 2017 por la CIMP, que le había sido facilitado por el Ministerio de Sanidad.

Igual de interesante era la información que publicaba la Aemps, a través del primer 'Informe semestral sobre la situación de los problemas de suministro en España', para complementar las notas informativas que difunde a través de su web. En él, observaba "un incremento en los problemas de suministro de los medicamentos" y pedía a los titulares a que "realicen un esfuerzo adicional y desarrollen planes preventivos efectivos con el fin de poder cumplir con su obligación de suministro continuado con el fin de que los pacientes puedan acceder a sus tratamientos sin problemas".

Se produjeron, además, dos resoluciones de interés. Por un lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitía un informe (ver información publicada) en relación al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de financiación selectiva de los productos sanitarios con cargo a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS), en el que este organismos observaba "fuertes restricciones derivadas, fundamentalmente, del régimen de financiación, precios y distribución". Además, apuntaban que "a los nuevos productos se les exige un procedimiento más gravoso de inclusión propio de productos de otra naturaleza, mientras que a los operadores instalados se les valida automáticamente la financiación de su producto y precio”. Por último, aconsejaban "replantear el papel predominante de la dispensación a través de oficinas de farmacia". Asimismo, el Tribunal Supremo (TS) consideraba, como ya lo hiciera la Audiencia Nacional (AN), la validez de la constitución de la mesa que dio lugar al XXV Convenio de Farmacia, aunque CCOO anunciaba que instaría a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional a que resuelva la cuestión de si UGT cuenta con la legitimación para firmar en solitario un convenio estatutario sectorial, que, en opinión de este sindicato, no quedaría resuelta con el fallo del TS. 

Finalmente, cabe destacar las declaraciones del presidente de Farmaindustria, Martín Sellés, en el marco del XV Seminario Industria Farmacéutica & Medios de Comunicación, poniendo en valor la implantación de la industria farmacéutica en España, con la elevación del número de ensayos clínicos en nuestro país, y con la instalación de plantas de producción y centros de I+D, y asegurando que esa presencia podría mejorar si se dieran algunas condiciones, como "un mayor reconocimiento a las empresas que traen sus inversiones, así como un mayor reconocimiento de la innovación y una aceleración del acceso a la innovación". 

Diciembre

El mes de diciembre arrancaba con la noticia sobre la incorporación de Dolores Fraga, coordinadora del Grupo Génesis de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) a la estructura del Ministerio de Sanidad en el ámbito de Farmacia. Lo anunciaba la propia directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Patricia Lacruz, a través de Twitter. En relación con la actividad de este Departamento, habría que mencionar las declaraciones de Nacho García Pineda, director de Asistencia Sanitaria de IbSalut, y Ana Aranda García, del Servicio de Gestión Farmacéutica del Servicio Murciano de Salud (SMS), que pedían, en un acto de Amgen y la Fundación Weber, la inclusión de la evaluación económica en los IPT.

La propia Lacruz era protagonista de otra de las informaciones de este mes, tras reunirse con la directora del Sistema Español de Verificación de Medicamentos (Sevem), Mª Ángeles Figuerola, para tratar la tramitación por procedimiento de urgencia de un nuevo real decreto con el que el Ministerio pretende regular la adecuación de la gestión de la prestación farmacéutica del SNS al marco normativo de la verificación y autenticación de medicamentos, un encuentro que desde Sanidad calificaban como "fructífero". Fuentes cercanas al Sevem confirmaban a este periódico, tras la celebración de una nueva reunión del Comité de Operaciones, que, "por una mera cuestión de tiempos", se daba ya por hecho que las farmacias comenzarán verificando y desactivando los identificadores únicos, a partir del 9 de febrero de 2019, a través de Nodofarma Verificación. 

Otra información destacada de este último mes del año tenía que ver con las palabras de Carcedo, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, reconociendo que el Gobierno estaba "evaluando el convenio anterior (con Farmaindustria) y viendo el alcance que se puede incorporar al nuevo convenio", lo que hacía suponer que, cuanto menos, habría una propuesta de su Departamento y el de Hacienda para actualizar las condiciones del pacto actual. Terminando el año, Farmaindustria confirmaba que se habían dado un plazo de tres meses para cerrar las condiciones del nuevo pacto para mantener en equilibrio el acceso a la innovación y la sostenibilidad. 

El Gobierno podría proponer cambios en el convenio con Farmaindustria

En relación con los precios de los medicamentos, cabe destacar la información que publicó Diariofarma en relación con la actividad de la CIPM, que solo aprueba financiación para el 55% de los fármacos que pasan por su mesa, según un análisis que ha realizado este periódico a partir de las notas informativas publicadas desde el pasado 6 de noviembre de 2017.

En otro orden de cosas, cabe rescatar las declaraciones del consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, reclamando la modificación del modelo de financiación autonómica, una solicitud que había hecho su homólogo en Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, no muchos días atrás;  el anuncio del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la incorporación de Ceuta y Melilla al proyecto de receta electrónica interoperable, que ya solo esperaba a la Comunidad de Madrid, que estaba, no obstante, en fase de pruebas; el anuncio de la conclusión de las intervenciones previstas en el marco de la ponencia de estudio sobre genómica en el Senado, que daría paso a la redacción de conclusiones por parte del portavoz socialista, José Martínez Olmos, y el popular, Antonio Alarcó; o la actuación coordinada de representantes de Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Unidos Podemos, junto a los de las organizaciones firmantes de un manifiesto a favor de la creación de un marco normativo que proteja a los profesionales sanitarios, así como a los pacientes y sus familiares, frente a los medicamentos peligrosos. 

En el ámbito europeo, la Comisión informaba de que los ministros de Sanidad de los países de la Unión habían acordado la adopción de las recomendaciones del Consejo en materia de vacunación, las cuales están basadas en hacer frente a los recelos de algunos sectores de la población, una mejora de la cobertura vacunal, el impulso de política vacunales sostenibles, así como la coordinación a nivel UE en lo que respecta a salud pública.